Asociaciones de bancas deportivas de República Dominicana cuestionan el proyecto de ley de juegos de azar y denuncian una expansión irregular del sector
Asonabade y Adobad respaldan la creación de la futura Dirección General de Juegos de Azar, pero aseguran que el texto aprobado por Diputados fue modificado para favorecer intereses particulares. También denuncian la emisión masiva de licencias para agencias hípicas y advierten sobre un posible crecimiento descontrolado de puntos de juego.
República Dominicana.- El debate en torno a la nueva ley de juegos de azar de República Dominicana sumó un nuevo capítulo luego de que las principales asociaciones de bancas deportivas cuestionaran el contenido del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Aunque manifestaron su apoyo a la creación de la futura Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), sostienen que la iniciativa fue modificada durante su tratamiento legislativo y que, en su redacción actual, podría favorecer una expansión descontrolada del sector.
La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade) y la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (Adobad) afirmaron que el objetivo original de la reforma era fortalecer la regulación y centralizar la supervisión de la industria mediante un organismo especializado. Sin embargo, advirtieron que los cambios introducidos al proyecto desvirtúan ese propósito y podrían afectar la competencia, la seguridad jurídica y la recaudación estatal.
Las entidades centran sus críticas en el crecimiento de las agencias hípicas, creadas originalmente por la Ley 493 de 1943 para comercializar apuestas sobre carreras de caballos. Según denunció el presidente de Asonabade, Ricardo Nadal, hasta 2019 existían únicamente 166 agencias de este tipo en todo el país, pero tras un decreto emitido ese mismo año comenzó una rápida expansión que habría elevado la cifra a unos 70.000 puntos de operación, un incremento de más del 42.000 por ciento.
Nadal sostuvo que muchas de estas agencias actualmente ofrecen apuestas deportivas, juegos virtuales y otras modalidades de azar, y aseguró que se están instalando cerca de escuelas, hospitales y bancas deportivas, incumpliendo los criterios de distancia previstos en la legislación. Además, advirtió que si el proyecto de ley es aprobado definitivamente sin modificaciones, la cantidad de puntos habilitados podría superar los 150.000 en todo el territorio nacional.
Otro de los cuestionamientos apunta al rol de la Comisión Hípica Nacional, organismo al que las asociaciones acusan de emitir licencias para este tipo de establecimientos pese a que, según interpretan, esa atribución corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda en virtud de la Ley 494-06. En ese sentido, sostienen que la comisión habría autorizado decenas de miles de permisos que luego son utilizados para operar distintas modalidades de juego.
El dirigente también comparó esa situación con el desarrollo de las bancas deportivas, que, según datos de Asonabade, cuentan con 1.849 establecimientos tras más de cuatro décadas de actividad. En contraste, afirmó que existen alrededor de 150.000 bancas de lotería, de las cuales solo unas 30.000 operarían con autorización legal, mientras que el resto funcionaría sin la debida regularización.
Las asociaciones también expresaron su preocupación por las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario del proyecto. Según Nadal, el sector participó durante años en mesas de trabajo para consensuar una normativa que ordenara la industria, pero el texto aprobado por Diputados difiere de las versiones discutidas originalmente. Incluso sostuvo que existieron intentos de eliminar la distancia mínima de 500 metros entre establecimientos de juego, aunque finalmente esa disposición se mantuvo.
En ese contexto, Asonabade y Adobad solicitaron al presidente Luis Abinader y a la comisión del Senado encargada de revisar la iniciativa que introduzcan cambios antes de su aprobación definitiva, con el objetivo de garantizar una legislación que fortalezca la regulación del sector sin generar privilegios ni facilitar un crecimiento descontrolado de los puntos de apuestas.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados y regresó al Senado para una nueva revisión, crea la Dirección General de Juegos de Azar, establece un régimen de licencias por 10 años para operadores presenciales y online, incorpora nuevas reglas para la ubicación de establecimientos y prevé sanciones administrativas y penales para combatir la operación ilegal y reforzar los mecanismos de fiscalización del mercado.
