Acusan a dueños de casinos de sabotear la ley de lavado de activos en México
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen las iniciativas para cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
México.- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, recordó que en los últimos cinco años se presentaron varias iniciativas en el Senado de la República para poder cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la materia, principalmente la número 23, que tiene que ver con regular operaciones sospechosas de actividades profesionales no financieras.
Según señaló el funcionario judicial, diversos grupos de interés como dueños de casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero cuya aplicación es necesaria en México.
El GAFI lanzó 40 recomendaciones como un esquema de medidas a implementar por los países para combatir el lavado de activos y de los delitos relacionados. Entre 2018 y 2022 México se ha mantenido en incumplimiento de la recomendación 23. Entre 2018 y 2021, los senadores Daniel Gutiérrez, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal de Morena, así como Minerva Hernández del PAN, presentaron seis iniciativas para reformar la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las cuales ninguna se ha aprobado.
Durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Nieto contó que hubo una reacción por parte de los sectores que no estuvieron de acuerdo y que sabotearon en el Congreso para que las reformas no avanzaran.
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“Son 17 sujetos vulnerables como los que tienen que ver con la emisión de cheques de viajero, casinos, casas de empeño, vendedores de autos, comerciantes de arte y de joyas, así como con activos virtuales, que es un tema muy importante, notarios, corredores e, incluso, funcionarios públicos que tienen el ejercicio de la fe pública”, comentó.
Según el funcionario, estos sujetos obligados a transparentar recursos han puesto resistencia a las reformas porque piensan que las nuevas obligaciones, acorde a las recomendaciones del GAFI, les van a significar costos económicos porque van a tener que pagar auditorías, sistemas computacionales y a personas que estén dando seguimiento a su actuar, una especie de oficiales de cumplimiento, explicó.
“Tienen razón en eso, pero deben tener claro que el beneficio para el país va a ser mucho mayor, porque si hay un cumplimiento de las obligaciones de GAFI habrá un reconocimiento para México y eso puede dar certeza para atraer más inversiones e impulsar el comercio exterior”, agregó.
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