Lula queda acorralado por el veto al juego online
La prohibición no produjo el respaldo electoral esperado y dejó al Gobierno frente a una potencial pérdida de recaudación, un Congreso dispuesto a modificar la medida y acciones ante el STF.
Datos clave:
- La prohibición de las apuestas online no se tradujo en un mayor respaldo electoral para Lula.
- Flávio Bolsonaro terminó la primera vuelta 2,2 millones de votos por delante del presidente.
- El Gobierno resignó un mercado del que esperaba recaudar R$6.690m en 2027.
- La MP 1.394 ya recibió más de 26 enmiendas, varias para exceptuar las apuestas deportivas.
- El STF analiza acciones contra la prohibición mientras el Congreso define el futuro de la medida.
Brasil.- Brasil entra en la segunda vuelta presidencial con la prohibición de las apuestas online convertida en un problema político para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, adoptada apenas nueve días antes de las elecciones con la expectativa de reforzar la posición oficialista frente a la oposición, no evitó que Flávio Bolsonaro terminara primero y ahora enfrenta un Congreso que busca modificarla y acciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
El monitoreo de redes sociales llevado a cabo por el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) detectó una reacción inmediata tras el anuncio de la Medida Provisional (MP) 1.394. Diversos influencers impulsaron un llamado al voto útil en favor de Flávio Bolsonaro como respuesta directa al cierre del mercado regulado. A este malestar se suma la incertidumbre ante el apagón definitivo del sistema previsto para la última hora de hoy, 5 de octubre, cuando los sitios web deberán salir completamente de circulación y caduque el plazo legal para que los más de 28,6 millones de usuarios bancarizados retiren los R$1.450m (US$260m) que aún permanecen en sus saldos.
Según revelan medios con acceso al gobierno brasileño, la medida nunca contó con un consenso pleno dentro del entorno presidencial. Solo el ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), Sidônio Palmeira, y la primera dama, Janja da Silva, empujaron con fuerza el veto absoluto. El resto de la mesa política calificó la iniciativa de «errónea y desmedida«, advirtiendo sobre el impacto directo contra sectores clave, como los clubes de fútbol, y la pérdida de recaudación pública. Pese a las advertencias, Lula terminó inclinándose por la prohibición.
El plebiscito fallido
El propio Ministerio de Hacienda había colocado la vara muy alta en el plano político. El día de la votación, el ministro Dario Durigan definió públicamente la jornada electoral como un «plebiscito» abierto sobre la continuidad de la actividad en el país, asegurando que la ciudadanía acudiría a las urnas para decidir si respaldaba el veto del Ejecutivo o la postura de la oposición, proclive a mantener el juego bajo reglamentación.
Medido por la regla que propuso el propio Durigan, el resultado fue adverso. Lula finalizó 2,2 millones de votos por detrás de su rival y con un porcentaje prácticamente idéntico al que registraba antes de la publicación de la MP. El paquete punitivo planteado por el Gobierno no logró capturar voluntades ni traducirse en votos, al tiempo que le entregó a la oposición una bandera de ataque: Flávio Bolsonaro tildó la medida de «hipócrita, electoralista y populista», adelantando que, de ser electo en la segunda vuelta del 25 de octubre, buscará restituir las apuestas deportivas de cuota fija y restringir únicamente la modalidad de casino online.
Por otra parte, el costo fiscal de la decisión resulta abrumador para las propias cuentas públicas. Para sostener la bandera del veto, el Planalto desactivó un mercado regulado que el propio Gobierno había reglamentado y del cual proyectaba recaudar R$6.690m (US$1.200m) en el Presupuesto de 2027. La cifra contrasta con los datos de la Receita Federal, que registró ingresos fiscales por R$9.950m (US$1.900m) en 2025 y R$ 8.747m (US$1.670m) en los primeros siete meses de 2026, con proyecciones de los auditores que anticipaban un récord cercano a los R$16.000m (US$3.000m) para el cierre del año. Al renunciar a estos ingresos, el Gobierno abrió una brecha fiscal sin obtener a cambio el liderazgo en las urnas.
Congreso hostil y resolución judicial
Con el oficialismo debilitado de cara a la segunda vuelta, la viabilidad legislativa de la MP 1.394 ha quedado seriamente comprometida. El texto ya recibió más de 26 enmiendas en el Congreso Nacional, en su mayoría orientadas a exceptuar a las apuestas deportivas de la prohibición y fijar plazos de transición para salvaguardar los contratos de patrocinio deportivo. Si los legisladores no aprueban la medida en el plazo constitucional, la prohibición perderá vigencia automáticamente, restituyendo el marco legal anterior.
En paralelo, el frente judicial representa una amenaza aún más inmediata para el gobierno. El Supremo Tribunal Federal (STF) evalúa las acciones presentadas por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), que exigieron la suspensión cautelar de la norma por falta de urgencia constitucional, ausencia de estudios técnicos y vulneración de la seguridad jurídica para los operadores que ya habían abonado las licencias oficiales por cinco años.
Preguntas frecuentes
- ¿La prohibición de las apuestas online ayudó electoralmente a Lula? Según la lectura interna del Gobierno, no. Lula terminó la primera vuelta por detrás de Flávio Bolsonaro y con un porcentaje similar al que tenía antes de la prohibición.
- ¿Cuánto dinero dejaría de recaudar Brasil por prohibir las apuestas online? El Gobierno había previsto recaudar R$6.690m en 2027. Además, la Receita Federal registró R$9.950m de ingresos fiscales vinculados al sector en 2025.
- ¿Qué cambios propone el Congreso para la prohibición? La MP 1.394 ya acumuló más de 26 enmiendas, varias de ellas destinadas a excluir las apuestas deportivas de la prohibición y establecer períodos de transición para los contratos de patrocinio.
- ¿Qué analiza el Supremo Tribunal Federal sobre el veto a las apuestas? El STF analiza acciones de la ANJL y el IBJR que solicitan suspender la medida por cuestionamientos vinculados a la urgencia constitucional, los estudios técnicos y la seguridad jurídica.
