Trabajadores del juego reclaman ante el gobierno de La Rioja

Cuestionan las restricciones a las casas de apuestas que el gobierno de La Rioja busca imponer.
Cuestionan las restricciones a las casas de apuestas que el gobierno de La Rioja busca imponer.

El sector del juego en La Rioja pidió que el gobierno tenga en cuenta sus reclamos a la hora de confeccionar la nueva normativa.

España.- La Unión de Trabajadores de Salones de Juego de La Rioja (UTSAJU) pidió al gobierno que escuche sus reivindicaciones.

Así lo expuso Juan Luis Peñafiel, vocero del sindicato, que destacó el apoyo de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) a sus reclamos.

La preocupación de los sindicatos es por conservar los puestos de trabajo en un sector golpeado por la pandemia como lo es el sector del juego, a raíz de las normativas que impuso la comunidad de La Rioja para limitar la actividad.

Esta semana se dio a conocer un acuerdo entre las principales empresas del sector (ANESAR, CEJ, CEJUEGO y FEJBA) y la UGT para proteger los empleos y exigir a las autoridades que respeten el «trabajo de los miles de trabajadores del sector que cumplen su función con los más altos estándares éticos y profesionales».

Peñafiel se sumó a ese pedido y agregó que la presidenta de La Rioja debe «escuchar las reivindicaciones de los trabajadores».

«Pedimos el máximo respeto a la labor y al empleo que realizan los 300 trabajadores del sector en la región. El Gobierno de La Rioja no puede seguir penalizando desproporcionadamente la actividad del juego, impulsando medidas que, lejos de buscar la protección de los sectores vulnerables, lo que pretenden es el cierre de los establecimientos y la pérdida de los puestos de trabajo», dice el comunicado difundido por la agrupación.

Qué dice el proyecto de ley del juego de La Rioja

El proyecto de ley que se dio a conocer hace un mes establece que en siete años tendrán que cerrar sus puertas todos los salones que se encuentren a menos de 200 metros lineales de los centros docentes de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y enseñanzas artísticas profesionales.

La normativa tiene efectos retroactivos, por lo que los puestos de trabajos están en peligro en la comunidad.

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“Si los empresarios son conscientes de que en un plazo máximo de 7 años van a tener que cerrar, ni contratarán nuevos trabajadores ni invertirán en sus locales”, reclamó en su momento la UTSAJU-La Rioja.

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