Siguen las críticas por los impuestos en Perú

Expertos apuntan que elevar el impuesto al juego al 14% generaría una batalla legal ya que podría ser considerado inconstitucional.

Perú.- El gobierno peruano tiene intenciones de elevar la presión fiscal sobre el sector del juego de una manera o de otra. Por eso, luego de que la Comisión de Constitución del Congreso recomendara derogar la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas, se propuso elevar el Impuesto al Juego de 12% a 14%, algo que, según los expertos, tampoco sería viable.

«El Impuesto a los Juegos tuvo un gran problema, lo que llevó a bajar la tasa del 20% y se ordenó al Congreso que ponga una tasa más adecuada, que es el actual 12%. Incluso para mucha gente era demasiado alta. Yo no sé si de repente esa subida de tasa podría colisionar con la decisión del Tribunal Constitucional», comentó el abogado tributarista Jorge Manini. Además, recordó que, en 2001, la tasa de este impuesto fue reducida de 20% a 12% por orden del Tribunal Constitucional, por lo que volver a elevarla podría generar una batalla legal.

«El ISC grava al consumidor y es de naturaleza distinta porque quien lo paga es el consumidor, mientras que el impuesto al juego se aplica sobre la renta», agregó Manini al explicar que los gravámenes tienen naturalezas distintas, por lo que no es reemplazable uno por otro.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas del Perú compartió la preocupación que ya había manifestado la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja) por los efectos que puede tener la medida sobre el sector. Valentín Capcha, dijo que la medida es “confiscatoria” y dijó que el sector ya tributó US$89 millones en 2017 y se espera que este año llegue a aproximadamente US$120 millones.

“Hemos acudido a dos auditoras internacionales, quienes han determinado la inaplicación de esta nueva norma. Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas se ha extralimitado en la delegación de facultades conferidas mediante la Ley Nº 30823; además, no ha respetado los parámetros constitucionales establecidos por el Tribunal Constitucional y la propia Constitución. Bajo ese parámetro el congresista Miguel Torres también debe regirse antes de anunciar alguna propuesta de modificación de la misma”, expresó.