Se vuelve a demorar el tratamiento de la modificación de la ley de juegos de azar en Paraguay

Los impulsores del proyecto piden una definición en el corto plazo.
Los impulsores del proyecto piden una definición en el corto plazo.

El tratamiento en Diputados se aplazó un mes.

Paraguay.- La Cámara de Diputados decidió ayer postergar por un mes el “proyecto de ley que modifica los artículos 8, 11, 13, 21, 22 y 23 de la Ley Nº 1016/1997, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”, con el fin de eliminar el actual monopolio de las concesiones de permisos para esa clase de actividad, tales como la quiniela, las apuestas deportivas y otros.

La líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, pidió la postergación sine die del proyecto que figuraba en el orden del día, lo que motivó el rechazo de los proyectistas.

El proyectista Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) recordó que este proyecto ya se viene debatiendo hace nueve meses, y fue sometido a audiencias públicas y a una mesa de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y que esperan una definición en el corto plazo.

“Esto ya fue pospuesto en varias oportunidades y realmente nosotros estamos acá para mejorar para el pueblo, lo mejor para varios sectores y no solamente para seguir protegiendo un sector (…). Basta de seguir protegiendo al que siempre está ganando”, dijo por su parte la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), según informó el medio local ABC.

Sin embargo, Abed negó estar defendiendo a alguien en particular y dijo que lo que buscan es hacer un “trabajo responsable” y “tratar de congeniar posiciones”.

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La iniciativa

La exposición de motivos del proyecto arguye que sectores relacionados a los juegos de azar han manifestado la necesidad de modernizar la referida ley en el sentido de dejar de lado la promoción de un régimen monopólico para la adjudicación y explotación de los juegos de azar.

“La dinámica comercial de los juegos de azar se ha desarrollado mucho más rápido que el régimen legal “inconstitucional” que a la fecha rige los juegos de azar”, explica el documento.

La modificación sustancial se produce en el Art. 8°, donde se establece que: “Las concesiones serán otorgadas a los 3 (tres) mejores oferentes presentados como mínimo y que se ajusten a las normas dictadas por la autoridad competente, entre las que se incluirá la facultad de incrementar el canon. Las decisiones de adjudicación de los juegos de azar de carácter nacional requieren la aprobación del Poder Ejecutivo”.

La actual legislación establece que solo será concesionada a la mejor oferta (una sola). Las demás modificaciones solo son de forma, de manera de adecuar la literatura que del singular (el oferente), pasa al plural (los oferentes).

Presión de los gremios

En mayo, la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), la Asociación Paraguaya de Empresario de Juegos de Azar (APEJA) y la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar (CPJA), enviaron una carta al presidente Santiago Peña titulada “El juego no es juego”, solicitando fortalecer la Conajzar, actualizar la ley vigente para consolidar un marco regulatorio competitivo e incorporar tecnología para impulsar el sector. 

La carta fue publicada en el diario ABC, el periódico con más tirada de Paraguay. Allí, los gremios pidieron dotar a la Conajzar de personería jurídica, formalizándola como un ente autárquico y autónomo con recursos suficientes y capacidad de decisión. 

A su vez, solicitaron eliminar el monopolio en la explotación de juegos de azar en futuras concesiones y contar con un marco regulatorio “sólido y competitivo” que permita elevar los estándares, fomentar la competencia y la transparencia, y aportar beneficios económicos a la sociedad. 

Finalmente, coincidieron en la incorporación de tecnología para fortalecer la actividad legal de los juegos de azar en Paraguay, lo que ayudará a combatir el juego clandestino, crear condiciones favorables para las empresas legales, proteger a los grupos vulnerables y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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