República Dominicana: se complica la situación de los imputados por la Operación 13
En la audiencia del viernes, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que, una vez que el proceso llegue a juicio, todos los imputados se enfrentarán a sentencias condenatorias.
República Dominicana.- A medida que avanzan las audiencias preliminares del caso por fraude en la Lotería Nacional de República Dominicana, conocido como “Operación 13”, se complica aún más la situación de los 11 imputados.
El pasado viernes 1 de julio, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que, una vez que el proceso llegue a juicio, todos los imputados se enfrentarán a sentencias condenatorias.
“La acusación que nosotros hemos presentado, la hemos presentado con el objetivo firme de que se dicte auto de apertura a juicio, y eso es algo que la defensa no puede negar ni siquiera dentro del tribunal con argumentos que sean creíbles”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Esta acusación tiene los elementos suficientes para ir a juicio y de seguro una vez este proceso llegue a juicio esos elementos serán suficientes para producir sentencias condenatorias para todos y cada uno de los acusados en este proceso”, dijo a la prensa el titular de la Pepca.
El procurador adjunto detalló que “este proceso ha avanzado bastante, ya presentó el Ministerio Público su acusación y todos los querellantes presentaron también sus alegatos y apertura”.
Dijo que, en la audiencia del viernes pasado inició el conocimiento de los alegatos de una de las defensas y confió en que “en unas dos, máximo tres jornadas, este proceso haya terminado y esté en estado de fallo”.
En marzo pasado, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra los 11 involucrados en el fraude a la Lotería Nacional y a las bancas de juegos de azar. El monto involucrado asciende a más de USD8,5m.
Por su participación en este fraude, junto al principal imputado, el exadministrador de la Lotería de República Dominicana, Luis Maisichell Dicent, guardan prisión preventiva como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.
En tanto que a los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio les fue dictada la prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa cuentan con presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.
En este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía por este mismo tribunal a pedido del Ministerio Público.
El equipo del Ministerio Público está integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho; Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca; Andrés Mena; Yoneiby González; Yudelka Holguín Liz; Jhensy Víctor; Alexis Piña; y Miguel Crucey.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que conoce esta instancia del proceso acusatorio, suspendió la audiencia ayer y fijó su continuación para el viernes 8 de julio.
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La indemnización solicitada por el Estado
El Estado dominicano, representado por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, solicitó al juez la indemnización de $600m (USD10,8m).
“En la etapa que nos encontramos, luego de que el Ministerio Público leyera su acusación, en nuestra calidad de representantes del Estado dominicano, cumplimos con nuestro rol de explicar los motivos que sustentan la querella y la constitución en actor civil interpuesta contra los imputados en este proceso. En lo que concierne a la acción penal, nos adherimos a la acusación presentada por el Ministerio Público, solicitando sea ordenada la apertura a juicio, y en lo civil, explicamos las razones de hecho y de derecho que justifican que el Estado dominicano sea compensado con una indemnización de 600 millones de pesos”, señalaron los abogados Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte, quienes forman parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Los representantes legales aseguraron que por la “contundencia” de la acusación presentada por el Ministerio Público y los motivos en los que se sustenta la querella presentada por el Estado, una vez superada la audiencia preliminar y que el caso sea conocido en el juicio de fondo, “los imputados resultarán condenados y se les ordenará pagar a favor del Estado la indemnización solicitada por los cuantiosos daños causados”, de acuerdo con lo informado por el medio local Diario Libre.
Durante la audiencia, la procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró que al planificar y ejecutar el fraude en un sorteo, los imputados afectaron la credibilidad de la Lotería Nacional.
“Basándose en el hecho que la entidad ha resultado afectada con la perpetración de este hecho ha sido afectada precisamente una entidad pública, la afectación de la credibilidad de los ciudadanos en esa entidad pública le da al Estado facultad para querellarse, porque se ha dañado su imagen, se ha dañado su honor”, expresó Ortiz.
El abogado Plutarco Jáquez, que representa a los imputados: Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Rafael Mesa, dijo al medio local Diario Libre que el Estado no fue estafado en el sorteo del 1 de mayo de 2021, sino los banqueros.
“Estamos pidiendo la exclusión del Estado, porque ahí no hay estafa contra el Estado, esa supuesta estafa es contra particulares, ellos alegan daños morales al Estado dominicano pero eso no es estafa”, puntualizó.
Plutarco Jaquez dijo que también solicitará al tribunal el rechazo de la indemnización de los $600m que pidieron los abogados del Estado.
Además, Jáquez dijo a su salida del tribunal, que las sumatorias de cada ticket presentado como prueba no asciende ni a $25m (USD4,5m) en total.
“Los querellantes expusieron todo los que le sacaron ese día, resulta que no son $500m, tengo aquí sumado entre todos $23.3m (USD4,1m), no que le estafaron, que les sacaron”, aseguró.
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