Puerto Rico refuerza el control sobre máquinas de juego ilegales con capacitación policial
La Comisión de Juegos inició un programa de formación para agentes con el fin de mejorar las intervenciones en comercios que operen máquinas de azar en ruta sin autorización. La iniciativa busca asegurar mayores niveles de fiscalización y proteger los fondos destinados al retiro de la Policía.
Puerto Rico.- La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico puso en marcha un proceso de capacitación dirigido a agentes de la Policía para fortalecer las intervenciones en establecimientos que operen máquinas de juegos de azar en ruta de manera ilegal. El programa forma parte de un esfuerzo para garantizar una fiscalización “más eficiente y transparente”, según explicó su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella Marchán.
“Con estos talleres capacitamos a los oficiales que participarán en las intervenciones a los comercios que operen al margen de la ley, reforzando así la política pública de asegurar los recaudos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía de Puerto Rico”, detalló Juan Carlos Santaella Marchán.
La iniciativa responde al nuevo Reglamento sobre confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, aprobado recientemente por la Comisión y la Policía. Los talleres, impartidos en la Academia de la Policía en Gurabo por el consultor Esaúl Rodríguez, brindan a los agentes herramientas para comprender el funcionamiento de las máquinas, distinguir entre equipos legales e irregulares y aplicar los procedimientos de intervención correspondientes.
Actualmente, la recaudación generada por la fiscalización de máquinas en ruta ronda los US$10m. La legislación establece que los primeros US$12m se dirigen al Fondo General, y cualquier excedente se distribuye con un 55 por ciento al Fideicomiso para el Retiro de la Policía, 40 por ciento a los municipios y 5 por ciento a los gastos operacionales de la Comisión.
Santaella Marchán afirmó que la entidad no escatimará recursos para hacer cumplir la ley y actuar contra operadores que permanezcan al margen del marco regulatorio. Además, reiteró que el objetivo central es salvaguardar los fondos destinados al retiro de los policías y asegurar que los municipios reciban lo que les corresponde.
