El regulador del juego de Rumanía identifica posibles causas de las irregularidades fiscales en la industria
El regulador rumano investiga manipulaciones en el reporte de ingresos brutos y refuerza controles luego del cambio de dirección.
Rumanía.- La Oficina Nacional para el Juego (ONJN) de Rumanía confirmó la existencia de importantes irregularidades en el pago de impuestos por parte de determinados operadores. El reconocimiento llega tras la publicación, hace un año, de una auditoría crítica contra el regulador.
La Corte de Cuentas (CCR), responsable de supervisar los fondos públicos en el país, había acusado al ONJN de no detectar obligaciones fiscales estimadas entre RON 3.300 m (EUR 650 m) y RON 4.300 m (EUR 760 m). Ahora, el organismo asegura haber identificado cómo se generaron esas brechas.
Sospechas de manipulación en el GGR
En un comunicado firmado por el presidente del ONJN, Vlad-Cristian Soare, la autoridad señaló que investiga “indicios serios” de discrepancias fiscales. Según explicó, algunos operadores habrían manipulado la forma en que se reportaba el Gross Gaming Revenue.
Aunque no se mencionaron nombres, el regulador indicó que se detectaron cuentas con patrones de ganancias inusuales, como múltiples premios, concentrados en un mismo día o mes, con montos idénticos y de valores muy elevados.
Soare ejemplificó con casos concretos:
- Un jugador registró 84 premios por RON 10 m en un corto período.
- Otro acumuló 60 premios en un mes, por un total de RON 7 m.
- Un tercero obtuvo 33 premios por RON 4.8 m, de los cuales 31 ocurrieron en un solo día.
Estas situaciones derivaron en inconsistencias de millones de lei entre lo reportado y lo efectivamente pagado en impuestos, especialmente durante 2024. El ONJN citó el caso de un operador online con una diferencia de RON 5 m y el de un operador de máquinas tragamonedas con un desfasaje de RON 18 m.
Nuevo liderazgo
Soare asumió la presidencia del ONJN en abril de 2025, dos meses después del llamado de atención de la CCR. Desde entonces,la fiscalización se convirtió en su prioridad. Explicó que, al asumir, el regulador no tenía acceso completo a los servidores espejo ni a los reportes fiscales obligatorios de los operadores.
Mientras tanto, el Parlamento rumano y las autoridades locales discuten nuevas restricciones para el sector. Entre las propuestas figura elevar la edad mínima legal para jugar de 18 a 21 años, además de iniciativas de alcaldes que buscan frenar la apertura de nuevos locales de apuestas en sus municipios.
