Nueva Zelanda prepara un proyecto contra el juego offshore
La modificación de la Ley de Competencias busca proteger el producto nacional TAB mediante una nueva regulación a los operadores internacionales.
Nueva Zelanda.- El ministro de Competencias, Nathan Guy, promueve un proyecto de ley que proteja el producto neozelandés Totalizator Agency Board (TAB), de la New Zealand Racing Board (NZRB), de la creciente competencia offshore. La intención de Guy es modificar la Ley de Competencias para endurecer las regulaciones e introducir cargos contra estos operadores. Además, ayudará a proteger los cerca de 17 mil empleos que genera la industria de las carreras en el país.
“Estos cambios ayudarán a asegurar que los operadores offshore paguen su parte justa a nuestras comunidades”, señaló el ministro y explicó: “Estos operadores offshore utilizan la información de las competencias de Nueva Zelanda para sus apuestas sin pagar una regalía a nuestra industria para su uso. Además, al no aportar ningún beneficio a nuestras comunidades, estos operadores pueden trabajar en una ventaja injusta para el TAB”.
El proyecto de Guy contempla el cobro de cargos a los operadores internacionales por el acceso a la información de la carreras en el país, el establecimiento de un gravamen de consumo para aceptar las apuestas de jugadores locales, y el levantamiento de la prohibición existente del TAB para ofrecer apuestas durante una carrera. Actualmente, se encuentra en proceso de redacción y pretenden presentarlo ante la Cámara lo más pronto posible.
La Ley de Carreras del 2003 estableció al TAB como un monopolizador de carreras y apuestas deportivas operado por la NZRB. La razón para crear este monopolio fue la posibilidad de controlar el producto de los ingresos del juego en las arcas estatales y poder proteger a los apostadores con la creación de un marco regulador.
A pesar plan original de la NZRB, los neozelandeses utilizan sitios web internacionales que no ingresan ningún tipo de tributo al gobierno. Aproximadamente se apuestan más de 500 millones de dólares en sitios de operadores offshore por año, generando una pérdida de 58 millones de dólares durante este período.
