México avanza con una reforma para limitar vínculos entre apuestas y clubes y tipificar el amaño deportivo como delito federal
La iniciativa propone cambios en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y contempla penas de hasta 10 años de prisión por manipulación de partidos, además de nuevas exigencias de integridad para ligas y operadores.
México.- Un paquete integral de reformas legislativas presentado por el diputado federal Marcelo Torres Cofiño busca reforzar los controles sobre la relación entre la industria de las apuestas y el deporte profesional en México, mediante modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley General de Cultura Física y Deporte y el Código Penal Federal. El eje del proyecto es prevenir conflictos de interés, combatir el lavado de dinero vinculado a apuestas y tipificar el amaño de partidos como delito federal.
Desde la perspectiva regulatoria del sector del juego, la iniciativa introduce una prohibición explícita de intereses cruzados entre operadores de apuestas y clubes deportivos profesionales. De aprobarse, permisionarios, socios, operadores o beneficiarios de casas de apuestas no podrán ser propietarios, inversionistas ni administradores de equipos, y viceversa. El incumplimiento implicaría la cancelación de permisos, multas económicas, inhabilitaciones y la notificación obligatoria a las autoridades financieras, lo que supone un endurecimiento del marco de compliance para los licenciatarios.
El proyecto también establece la obligatoriedad de un Código de Integridad Deportiva para ligas, asociaciones y clubes, que incluiría la prohibición de apuestas internas, la declaración pública de intereses financieros de directivos, cláusulas de integridad en los contratos y mecanismos de denuncia anónima. Esta medida apunta a alinear a los distintos actores del ecosistema deportivo con estándares de integridad que impactan directamente en la credibilidad de las competiciones y, por extensión, en la sostenibilidad del mercado de apuestas deportivas reguladas.
En materia penal, la propuesta contempla la creación del capítulo “Delitos contra la integridad del deporte profesional” dentro del Código Penal Federal, con penas de hasta 10 años de prisión para quienes manipulen resultados con fines de apuesta, utilicen información privilegiada o faciliten operaciones para encubrir recursos provenientes de apuestas ilegales. Las sanciones se agravarían cuando las conductas involucren a directivos, propietarios de clubes o torneos nacionales e internacionales, elevando el riesgo legal para actores vinculados al fraude deportivo.
Al fundamentar la iniciativa, el legislador advirtió sobre la creciente influencia de intereses financieros en el deporte a través de las apuestas, señalando que “el fútbol no puede convertirse en un instrumento financiero sin reglas claras. Cuando quien administra un club también tiene intereses en apuestas, se vulnera la confianza del aficionado y el valor ético del deporte. México debe actuar antes de que los escándalos se multipliquen”.
El paquete legislativo incluye además la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo de Integridad Deportiva, coordinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y fortalecer la supervisión del flujo de dinero asociado a las apuestas. En línea con advertencias de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la iniciativa subraya que la manipulación de competiciones y el lavado de dinero vinculados al juego constituyen amenazas crecientes para la integridad del deporte y el correcto funcionamiento de los mercados regulados.
