Loteros españoles exigen un aumento de las comisiones tras más de dos décadas
Los trabajadores de administraciones y puntos de venta claman por un aumento de ingresos y mejores condiciones ante el riesgo de cierre masivo, mientras acusan a SELAE de indiferencia y amenazan con iniciar huelgas.
España.- Las administraciones de lotería y los puntos de venta de juegos del Estado están al borde del colapso, según denuncian sus trabajadores, quienes han manifestado su descontento por lo que consideran una “crisis sin precedentes”. En un documento recogido por el medio «20 minutos», señalan que las comisiones por la venta de juegos y el pago de premios menores a EUR 2.000 no se han actualizado en más de dos décadas.
Los loteros reclaman con urgencia a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y al Ministerio de Hacienda que atiendan esta situación. Entre los factores que los están llevando al límite destacan el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y los crecientes gastos operativos, como el alquiler de locales, el salario mínimo, los costes de mantenimiento informático (que han subido entre un 30 y un 40 por ciento) y las obligaciones impuestas por SELAE. “La subida de todos estos gastos nos está asfixiando”, se lee en el texto emitido por los loteros.
“Nos están llevando a la quiebra”, insisten los trabajadores, mientras critican que “Loterías se enriquece sin correr riesgos”. El sector, que aporta más de EUR 3.000m anuales a las arcas públicas, asegura vivir bajo una presión fiscal y empresarial insostenible. Actualmente, los administradores perciben entre un 4 y un 5 por ciento por apuesta y apenas un 1 por ciento por los premios entregados, una estructura que, según denuncian, no refleja la inflación ni los costes actuales.
Otro punto crítico es la relación con SELAE. Aunque operan como autónomos, los loteros denuncian una dependencia total de la entidad estatal, que les impone estrictas normativas y requisitos —como licencias, seguros y burocracia— sin ofrecer apoyo para mantener los negocios a flote. Además, no pueden cambiar de ubicación para reducir costes ante subidas de alquiler, lo que agrava su situación.
Frente a esta realidad, los trabajadores se sienten “desprotegidos” y han comenzado a organizarse para emprender acciones colectivas, como huelgas o manifestaciones. Así, exigen una revisión de las condiciones contractuales, un aumento de comisiones acorde al IPC y un “diálogo transparente” con SELAE y el Gobierno para evitar el colapso del sector.