Las tragamonedas en ruta en Puerto Rico ya generan casi US$30m y apuntalan el retiro policial
La Comisión de Juegos reportó ingresos por US$29,7m hasta marzo de 2026, mientras el Senado evalúa el cumplimiento de las leyes que destinan estos fondos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.
Puerto Rico.- La política pública de regulación de máquinas de juegos de azar en ruta en Puerto Rico comienza a mostrar resultados concretos. Durante una vista pública celebrada en el Senado en el marco de la Resolución 81, autoridades informaron que los ingresos acumulados hasta marzo de 2026 alcanzan los US$29.785.823, con una porción significativa destinada al sistema de retiro de la Policía.
La audiencia, encabezada por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, Gregorio Matías Rosario, tuvo como objetivo dar seguimiento a la implementación de la Ley 40-2020, que creó el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, y a la normativa vigente sobre máquinas de juego en ruta.
Durante su intervención, la directora del Negociado de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Loraine Irizarry Torres, detalló que de los casi US$30m, US$12m fueron dirigidos al Fondo General, US$5,8m a los municipios, US$9m al fideicomiso policial y cerca de US$2,8m a la Comisión de Juegos.
Irizarry Torres destacó que los resultados obtenidos reflejan “avances sustanciales y marcadamente positivos”, subrayando que los ingresos provienen exclusivamente del sistema regulado, sin aportes externos. En la misma línea, desde la Comisión de Juegos aseguraron que estos recursos evidencian el impacto tangible de la política pública, traducido en financiamiento directo para el retiro de los agentes.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Arnaldo Ortiz Miranda, confirmó que el fideicomiso ya superó el umbral necesario para comenzar a distribuir beneficios. Según explicó, actualmente hay más de US$9m disponibles y se proyecta que la primera distribución a policías retirados elegibles se realice el 30 de junio de 2026.
La vista pública también permitió evaluar el progreso de las agencias involucradas y detectar posibles obstáculos en la implementación de las leyes. En ese sentido, Matías Rosario reafirmó el compromiso del Senado de garantizar que los beneficios lleguen a sus destinatarios.
Desde el regulador, además, destacaron el inicio de procesos de confiscación y el fortalecimiento operativo del organismo como señales de una supervisión cada vez más estricta sobre esta industria, considerada altamente regulada en la isla.
