La SCJ de Chile presentó su Cuenta Pública Gestión 2025 y destacó aportes tributarios por US$210m
La Superintendencia de Casinos de Juego repasó los principales hitos de su gestión, incluyendo 220 fiscalizaciones, 30 procedimientos sancionatorios y los desafíos regulatorios vinculados a las licencias presenciales y el eventual marco legal para las apuestas online.
Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile llevó a cabo su Cuenta Pública Participativa Gestión 2025, en la que presentó los principales resultados de su labor institucional durante el último año, destacando avances en fiscalización, transformación digital y regulación, así como los desafíos previstos para 2026.
Durante la presentación, encabezada por el superintendente Eduardo Cáceres Guzmán, el organismo informó que la industria de casinos generó aportes tributarios por CLP193.000m (US$210m), correspondientes a los 22 casinos regulados por la Ley N°19.995. De ese total, CLP84.000m (US$91m) correspondieron al impuesto específico al juego destinado a municipios y gobiernos regionales; CLP81.000m (US$88m) al IVA; y CLP28.000m (US$30m) al impuesto por entradas, destinado a las rentas generales de la Nación. Asimismo, la oferta económica comprometida por las operadoras alcanzó UF1,7 millones, equivalentes a aproximadamente CLP70.000m (US$76m).
La SCJ también informó que los 25 casinos autorizados para operar en el país, 22 bajo la Ley N°19.995 y tres municipales, registraron ingresos brutos por CLP549.000m (US$597m), cifra que representó una disminución real del 4,5 por ciento respecto de 2024. En tanto, las visitas a los casinos regulados cayeron un 7,5 por ciento, hasta los seis millones de ingresos, mientras que el gasto promedio por visita aumentó un 3,3 por ciento, alcanzando los CLP86.000 (US$93).
Fiscalización
Bajo un enfoque de inteligencia de datos y gestión de riesgos críticos, la SCJ ejecutó 220 fiscalizaciones en sala, detectando 224 hallazgos orientados principalmente a máquinas de azar, prevención de lavado de activos (PLA/FT), donde un 56 por ciento se realizó en conjunto con la UAF, y verificación del tributo a los ingresos.
Se iniciaron 47 procedimientos sancionatorios (19 a sociedades operadoras y 28 a funcionarios públicos por vulnerar la prohibición de apostar). Además, se concluyeron 30 procesos, derivando en 1.792 UTM en multas.
En materia de homologación, se otorgaron 935 autorizaciones, reduciendo el tiempo de respuesta a un promedio de 18 días corridos (un 10 por ciento más rápido que en 2024). Por otro lado, se evaluaron 1.230 modelos de máquinas electrónicas presentados por municipios y particulares, de las cuales el 60 por ciento fue calificado como de azar, impidiendo así la emisión de patentes comerciales en el circuito no regulado.
En la batalla contra la explotación clandestina, la SCJ mantuvo una estrategia articulada con el Ministerio Público y las policías. Durante 2025, el regulador denunció 241 plataformas de apuestas ilegales, presentó 13 denuncias por locales físicos de máquinas en 12 comunas y colaboró en 67 diligencias judiciales penales.
Por el lado de la protección al usuario, el Sistema Nacional de Autoexclusión cerró el año con 3.644 personas registradas (66 por ciento hombres y 34 por ciento mujeres), marcando un incremento del 16,27 por ciento respecto a 2024.
En el plano institucional, la entidad destacó un cumplimiento del 99 por ciento de sus Metas de Eficiencia Institucional y del 100 por ciento de los compromisos de gestión asociados a la Alta Dirección Pública. La dotación del organismo alcanzó los 61 funcionarios, sobre un máximo autorizado de 63, mientras que la ejecución presupuestaria llegó al 99,6 por ciento sobre un presupuesto de CLP5.317m (US$5,8m).
Asimismo, la SCJ resaltó los avances en transformación digital mediante el portal “Mi SCJ”, diseñado para permitir a la ciudadanía realizar el seguimiento de sus trámites. Durante el período, el organismo gestionó consultas, denuncias, solicitudes de acceso a la información y reclamos, respondiendo el 80 por ciento de las presentaciones dentro de los plazos internos establecidos.
Desafíos
De cara a 2026, el regulador identificó como prioridades la continuidad de los procesos de otorgamiento de permisos de operación para las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, el inicio de nuevos procesos para un cupo nacional y otro reservado para la Región de Aysén.
También buscará diseñar un modelo predictivo para la valoración de hallazgos y ejecutar un plan piloto de fiscalización basada en riesgos.
Por último, se enfocarán en la preparación institucional para una eventual implementación de la futura ley que regule las plataformas de apuestas en línea en Chile.
