La provincia de Jujuy comenzó capacitaciones para aplicar la prohibición del ingreso de deudores alimentarios a casinos

La provincia de Jujuy comenzó capacitaciones para aplicar la prohibición del ingreso de deudores alimentarios a casinos

Se realizó una mesa de trabajo y capacitación dirigida a jueces unipersonales de Familia y de la Cámara Civil, Comercial y de Familia de la provincia.

Argentina.- El pasado miércoles 6 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo y capacitación dirigida a jueces unipersonales de Familia y de la Cámara Civil, Comercial y de Familia y sus equipos técnicos para la pronta implementación del convenio interinstitucional destinado a restringir el ingreso de deudores alimentarios morosos a salas de juego y casinos de la provincia de Jujuy.

El acuerdo fue firmado recientemente entre la Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (InProJuy).

La charla se realizó en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, con una nutrida asistencia y un clima de trabajo participativo y de intercambio constante, orientado a coordinar los mecanismos de ejecución de la medida.

Desde el Poder Judicial jujeño explicaron que la mesa de trabajo constituye una herramienta valiosa para fortalecer el cumplimiento de la cuota alimentaria, mediante acciones coordinadas entre los distintos organismos intervinientes y mecanismos concretos que permitan garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Encabezaron el encuentro los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Mariano Miranda, vicepresidente; Eduardo Uriondo y Mercedes Arias, directora de la ONNA; el vicepresidente del InProJuy, Dr. Leandro Meyer; y la secretaria de Justicia, Dra. Marcela Infante.

Entre los asistentes también estuvieron jueces del Fuero de Familia de toda la provincia; la Lic. María Spengler, jefa de la División Juego Responsable del INPROJUY; el coordinador de Justicia, Dr. Franco Bravo; las coordinadoras de la ONNA, Dra. Carolina Bidondo y Lic. Lucrecia Oviedo; y equipos de trabajo de los juzgados.

En su discurso de apertura, la Dra. Mercedes Arias explicó que la actividad tuvo como finalidad “coordinar la implementación de un convenio de vital importancia, que propicia la intervención de distintos estamentos del Estado mediante un mecanismo de restricción de ingreso a salas de juego para quienes estén registrados como deudores alimentarios”.

La magistrada sostuvo que debe existir una intervención conjunta para el resguardo de las infancias y adolescencias que atraviesan procesos de alimentos, remarcando que cuando existen progenitores resistentes al cumplimiento de sus obligaciones es necesario acudir a mecanismos alternativos que permitan alentar el cumplimiento del deber alimentario.

Asimismo, destacó la presencia de representantes del InProJuy para abordar aspectos operativos vinculados a la instrumentación de las restricciones y la articulación entre el Poder Judicial, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el organismo provincial de juegos de azar.

En ese sentido, la jueza de la Suprema Corte de Justicia señaló que “las medidas y oficios deben reunir determinadas características específicas para que puedan hacerse efectivas”, agregando que el objetivo de la jornada fue “socializar, escuchar y conocer las distintas situaciones que pueden presentarse, para abordarlas siempre en favor de las infancias y adolescencias”.

Respecto al circuito administrativo de los oficios judiciales, se detalló que, una vez ingresadas las actuaciones, se analiza si corresponde la inscripción o caducidad del registro, conforme a las instancias previstas por la ley y su decreto reglamentario. Cumplido el procedimiento, se comunica formalmente al Poder Judicial.

Por su parte, la jefa de la División de Juego Responsable del InProJuy, explicó el funcionamiento de las salas de juego y los controles de acceso implementados por los operadores, indicando que en determinados establecimientos se solicita el Documento Nacional de Identidad al momento del ingreso, permitiendo así aplicar las restricciones previstas en el convenio.

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