La Polla Chilena intensifica su ofensiva contra el juego online y lleva a la justicia a los procesadores de pago

La Polla Chilena intensifica su ofensiva contra el juego online y lleva a la justicia a los procesadores de pago

La empresa estatal presentó una querella por lavado de activos y asociación ilícita contra representantes de seis proveedores de servicios de pago, a quienes acusa de facilitar la operación financiera de plataformas de apuestas no autorizadas.

Chile.- La Polla Chilena de Beneficencia profundizó su estrategia judicial contra el juego online no autorizado con una nueva acción penal que ya no se centra directamente en las plataformas, sino en la infraestructura financiera que, según sostiene, permite su funcionamiento. La querella fue presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a los representantes legales de seis proveedores de servicios de pago (PSP).

La acción judicial imputa presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y figuras vinculadas a la facilitación del juego ilegal, bajo el argumento de que estas empresas habrían canalizado depósitos, pagos y transferencias asociados a apuestas online consideradas ilícitas en el país. Entre las firmas mencionadas se encuentran ALPS, Nuvei, Pronto Pago, Kushki, Pagadoor y Khipu, cuyos representantes fueron individualizados en el escrito patrocinado por el abogado Isidro Solís.

El movimiento marca un giro respecto de la ofensiva previa iniciada en 2022 contra operadores de apuestas online, causa que fue archivada en 2025 por falta de antecedentes suficientes para sustentar una persecución penal. No obstante, el escenario se reactivó parcialmente en las últimas semanas luego de que el tribunal rechazara una solicitud de sobreseimiento en una investigación vinculada al empresario Sebastián Salazar, lo que mantiene abierta la indagatoria junto a otras querellas presentadas por organismos fiscales y actores del sector.

Según la empresa estatal, el foco en los PSP responde a que muchos operadores de apuestas online están radicados fuera del país, lo que dificulta su persecución judicial directa. En ese contexto, sostiene que los intermediarios financieros locales resultan “esenciales” para el funcionamiento de estas plataformas, al facilitar la captación de fondos, el pago de premios y la remesa de recursos al extranjero.

La querella argumenta que el modelo de operación de los sitios de apuestas no autorizados se apoya en su integración con el sistema financiero formal, mediante el uso de tarjetas bancarias, transferencias y pasarelas de pago ampliamente disponibles. De acuerdo con el escrito judicial, estas herramientas permiten que el dinero circule entre usuarios y operadores, otorgando apariencia de normalidad a una actividad que la entidad considera ilegal.

En el plano económico, la Polla sostiene que el crecimiento del juego online no regulado le habría generado pérdidas cercanas a CLP50.000m (US$58,4m) en los últimos tres años, lo que, a su juicio, repercute en menores transferencias a programas públicos, incluidos los destinados al deporte y a la infraestructura financiada con recursos provenientes del juego autorizado.

Además del impacto fiscal, la compañía estatal enfatizó el costo social asociado a la expansión de estas plataformas, señalando riesgos vinculados al acceso masivo y a la exposición de jóvenes a las apuestas en línea. En este sentido, la presidenta del directorio, Macarena Carvallo, afirmó que la acción responde al deber de resguardar los recursos públicos y velar por que la actividad del juego se desarrolle dentro del marco legal vigente.

La querella ya fue declarada admisible por el tribunal, lo que permite que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para el inicio de una investigación penal. La empresa, además, adelantó que evaluará eventuales acciones civiles por los perjuicios económicos que, según su planteamiento, ha provocado la operación de plataformas de apuestas no autorizadas en el mercado local.

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