La Policía Canaria tramitó 20 sanciones por irregularidades con máquinas tragamonedas
Se detectaron infracciones por la ubicación de las máquinas, discrepancias administrativas y la falta de libros de quejas.
España.- La Policía Canaria solicitó 20 propuestas de sanción tras detectar diversas irregularidades en máquinas recreativas de tipo B durante un plan de inspección desarrollado en varios municipios de Tenerife. Durante el operativo, además, se procedió con la clausura de uno de los equipos por posibles indicios de manipulación.
La operación fue llevada adelante por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria y, según informó la Consejería de Presidencia del Gobierno autonómico, se realizó para verificar que se estén cumpliendo las normas vigentes establecidas en la ley del juego, así como la correcta instalación y funcionamiento de dichas máquinas disponibles para el público.
Entre las infracciones más comunes detectadas figuran deficiencias en la ubicación de las máquinas dentro de los locales, el incumplimiento de obligaciones administrativas, como la falta de comunicación previa ante el organismo competente, y la ausencia del libro de quejas específico del sector. En uno de los casos inspeccionados, los agentes decidieron sellar una máquina tras advertir anomalías en sus elementos identificativos.
El plan incluyó también la revisión de la cartelería obligatoria, la comprobación de autorizaciones y permisos emitidos a los operadores y la constatación de que los equipos estuvieran emplazados únicamente en zonas habilitadas. Además, se chequeó la posible existencia de prácticas ilícitas, incluidas alteraciones en mecanismos internos que pudieran incidir en el desarrollo normal del juego o en el control de premios.
Desde gobierno canario remarcaron que este tipo de controles son especialmente importantes para garantizar la protección de menores, al tratarse de un grupo vulnerable frente a la exposición continuada a dispositivos de juego. Las inspecciones forman parte de una estrategia sostenida para reforzar la fiscalización del sector y asegurar el respeto de la normativa autonómica en toda la región.
