La nueva ley de juegos de azar de República Dominicana congelará por 10 años la apertura de nuevos establecimientos
La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados busca depurar las más de 71.000 bancas registradas antes de permitir nuevas aperturas y establece un régimen especial de descuentos para operadores que adeuden impuestos y tasas hasta diciembre de 2025.
República Dominicana.- El proyecto de ley de juegos de azar aprobado por la Cámara de Diputados de República Dominicana incorpora una disposición que tendrá un impacto directo sobre la estructura del mercado durante la próxima década: una vez completado el proceso de registro de los operadores, no podrán otorgarse nuevas licencias para instalar establecimientos de juegos de azar durante diez años.
La medida, contenida en el artículo 191, forma parte de un esquema más amplio diseñado para ordenar, depurar y fiscalizar el sector antes de permitir una nueva expansión. La única excepción prevista corresponde a los casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos.
El alcance de la disposición adquiere especial relevancia debido al tamaño del mercado existente. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía citados en el proyecto, en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas.
El diagnóstico que sustenta la iniciativa sostiene que el crecimiento de estos establecimientos habría superado la capacidad de las autoridades para ejercer una fiscalización efectiva. Por ese motivo, la estrategia planteada consiste en detener la expansión, depurar el universo existente, validar los operadores y conectar los establecimientos con los sistemas de control y fiscalización del Estado.
En términos prácticos, la disposición establece un límite a la entrada de nuevos competidores durante una década. Sin embargo, la prohibición de nuevas licencias no significa que todos los establecimientos actualmente existentes queden automáticamente habilitados para continuar operando. El proyecto establece un proceso de regularización y registro que deberán cumplir los operadores para adecuarse al nuevo marco.
A su vez, los artículos 180, 181 y 182 protegen los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Las licencias existentes podrán renovarse por un período equivalente al de su autorización original, siempre que los operadores cumplan con los requisitos correspondientes y superen la evaluación técnica prevista por la normativa.
De esta manera, el proyecto combina dos medidas: preserva la continuidad de quienes logren regularizarse y, al mismo tiempo, bloquea durante diez años la incorporación de nuevos establecimientos al mercado. El objetivo declarado es que las autoridades puedan concentrarse primero en conocer y controlar el universo existente antes de autorizar una eventual expansión.
Otro de los aspectos que cobra relevancia en el texto aprobado es el tratamiento de las obligaciones fiscales acumuladas por los operadores.
El artículo 192 crea un denominado “Régimen especial de descuentos”, mediante el cual la futura Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), a través del Consejo de Juegos de Azar y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), podrá establecer descuentos sobre las deudas acumuladas por atrasos en impuestos y tasas hasta diciembre de 2025. El beneficio estará condicionado a que los operadores se hayan regularizado y registrado.
Los descuentos aplicables serán los establecidos en la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026. Aunque el proyecto no utiliza expresamente los términos “perdón” o “condonación”, el mecanismo podría permitir que determinados operadores terminen pagando menos que el monto originalmente acumulado, dependiendo de las condiciones y porcentajes que correspondan.
El alcance de esta disposición, además, no se limita estrictamente a los propietarios de bancas. El artículo se refiere a los “distintos operadores de juegos de azar”, por lo que la medida podría abarcar a otros actores del sector que tengan obligaciones pendientes con el Estado.
Por ahora, el proyecto no establece cuánto dinero adeuda en conjunto la industria, cuántos operadores podrían acogerse al régimen ni cuánto dejaría eventualmente de recaudar el Estado mediante la aplicación de los descuentos.
La regularización será el paso previo
El proyecto también incorpora disposiciones destinadas a continuar el proceso de regularización que ya había iniciado el Gobierno dominicano.
El artículo 190 amplía el período de inscripción para las bancas de lotería, puntos de venta o agencias y bancas de apuestas que se hayan acogido al plan de regularización establecido mediante el Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026.
Ese decreto reactivó el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores de juegos de azar, y estableció mecanismos de coordinación para llevar adelante el proceso.
La nueva legislación busca, de esta manera, conectar ese proceso con el futuro sistema regulatorio: primero se registra y verifica a los operadores existentes y luego comienza a operar la moratoria sobre nuevas licencias.
Casinos turísticos, la principal excepción
Los casinos instalados en hoteles y lugares turísticos quedan fuera de la moratoria general.
El proyecto establece un régimen diferenciado para este segmento, que podrá continuar incorporando nuevos establecimientos bajo las condiciones específicas fijadas por la legislación. Entre ellas figura el requisito de que los casinos funcionen en hoteles de cuatro estrellas o más.
La excepción también está vinculada con el tratamiento que el proyecto da a estos establecimientos en materia de ubicación y distancias respecto de otros locales de juego.
La principal consecuencia económica de la nueva disposición será, por tanto, un mercado cerrado a nuevos establecimientos durante una década, pero con una etapa previa de regularización que determinará quiénes podrán permanecer dentro del sistema.
