La Justicia ordena destinar ingresos del Jockey Club de São Paulo al pago de deudas fiscales
Parte de lo recaudado por el alquiler de sus instalaciones para un torneo internacional deberá ser depositada para saldar obligaciones con el municipio.
Brasil.- La Justicia de São Paulo resolvió que una parte de los ingresos obtenidos por el Jockey Club de São Paulo por el alquiler de sus instalaciones para el torneo Latin America Open (LA Open) sea destinada al pago de deudas por el Impuesto sobre Servicios (ISS) con la municipalidad.
La decisión fue adoptada por el juez Rafael Saviano Pirozzi, de la Vara de Ejecuciones Fiscales Municipales, quien ordenó el depósito judicial de hasta R$ 26.500 (US$ 5.300) correspondientes a las ganancias derivadas de la cesión del espacio, según reveló una investigación periodística.
Desde la administración municipal, encabezada por el alcalde Paulo Nunes, sostienen que el club acumula cerca de R$ 800 m (US$ 162 m) en deudas fiscales. La institución, por su parte, cuestiona tanto los montos como los criterios aplicados en la interpretación de la normativa tributaria. Hasta el momento, no realizó declaraciones públicas sobre esta última resolución.
El fallo también incluyó la intimación a los organizadores del LA Open para que presenten el contrato firmado con el club. El magistrado aclaró que la medida no afecta la realización del evento, ya que la organización está a cargo de terceros y el Jockey se limita a ceder el espacio físico.
Un conflicto que se profundiza
La disputa entre el club y el municipio se intensificó en los últimos años, especialmente tras la sanción de una ley que prohibía las carreras de caballos con apuestas, que fue posteriormente suspendida por la Justicia, y en medio de discusiones sobre el uso del predio ubicado en el hipódromo de Cidade Jardim.
En paralelo, el gobierno municipal ya manifestó en reiteradas ocasiones su intención de transformar el predio en un parque público, una iniciativa incluida en el Plan Director desde 2023. Sin embargo, estudios previos realizados por la propia administración en 2021 habían considerado inviable ese proyecto por restricciones técnicas, costos y características del terreno.
El juez fundamentó su decisión al señalar una “resistencia deliberada” del club en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que justificaría la adopción de medidas para garantizar el cobro de la deuda.
Investigaciones en curso y próximos eventos
El conflicto también tiene derivaciones en otros frentes. Recientemente, el Concejo Municipal creó una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a la restauración de la sede del club, catalogada como patrimonio cultural. Además, en 2025 se inició una auditoría sobre la utilización de incentivos públicos, ante lo cual el Jockey aseguró que los recursos fueron destinados a tareas de conservación.
