La Justicia desestimó un planteo del Sindicato de Lotería Chaqueña
El gremio había interpuesto un recurso para frenar la revisión de los actos administrativos de la entidad que quiere llevar adelante el nuevo presidente, Lucas Apud Masín.
Argentina.- La Cámara Tercera en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Chaco resolvió hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, dejando firme la revisión completa (mediante una Comisión Revisora) de todos los actos administrativos de la gestión anterior entre el 18 de septiembre de 2023 y el 8 de diciembre de 2023.
La medida cautelar había sido sido interpuesta por el Sindicato de Lotería Chaqueña ante el Juzgado de Garantías bajo el expediente N°168/2024-1, y uno de sus principales planteos esbozaba «que el personal afiliado al sindicato accionante sufre un peligro y amenaza actual e inminente de afectación de su carrera administrativa en los grupos y/o categorías que hoy ostentan, así como también la estabilidad del empleado de Lotería Chaqueña que el gremio presentante agrupa (sic)».
En su resolución, la Justicia asegura que no es posible verificar de qué modo se concretaría una lesión a los derechos invocados, o cuál es el peligro concreto para el caso, en tanto que la presentación interpuesta por el Sindicato de Lotería Chaqueña tiene un objeto genérico, que habla de todos los afiliados representados, lo que no permite determinar si son todas los casos iguales o tienen alguna particularidad; se alude a derechos afectados o en peligro, sin que se explique de qué modo la resolución del directorio los pondría en esa circunstancia.
Apud Masín, nombrado en su cargo por el flamante gobernador Leandro Zdero, indicó como uno de los pilares de su gestión la completa revisión del accionar de su predecesor, Gabriel Lemos, quien respondía al saliente gobernador, Jorge Capitanich. Según señalan cerca del nuevo titular de la entidad, quieren auditar todo el accionar de Lotería Chaqueña para conocer a fondo su situación, el uso de los fondos y la idoneidad de cada uno de los trabajadores que actualmente forman parte de la nómina de empleados.
Nombramientos anulados
A principios de enero, la gestión de Apud Masín ya había detectado irregularidades luego de que se descubriera que diez trabajadores habían sido contratados por Lotería Chaqueña de manera irregular y a sólo días de que finalizara la gestión del gobernador Jorge Capitanich.
La movida se consumó mediante el decreto 3679, firmado el 8 de diciembre pasado (dos días antes de dejar el gobierno) por Capitanich y su ministro de Economía, Santiago Pérez Pons. Allí se crean cargos en Lotería Chaqueña (uno de los organismos del Estado provincial con sueldos más altos) para transferir a esa dependencia a diez agentes. En los fundamentos del decreto se argumentaba que el traspaso de esos empleados (que ya eran personal de planta de otras áreas estatales) se justificaba “en razones de servicios y en el eficiente desempeño de los agentes (…), que reúnen las condiciones profesionales y personales para asumir el compromiso laboral con el organismo referido (Lotería Chaqueña)”.
En un anexo del mismo decreto se menciona a los beneficiarios de la decisión: Gustavo José Ariel DAlessandro, Natalia Carolina Acosta, Hernán Maximiliano Blanco, Gilda Calabrese, Sheina Marlene Waicman, Katia Blanc, Juan Diego Luna, Gustavo Alejandro Peloso, Carlos Edgardo Diz y Graciela Mabel Ríos. Los diez quedaban repartidos en tres categorías diferentes.
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Un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas decidió que la apresurada medida no tiene respaldo legal y debería ser anulada, a la par que debería iniciársele una demanda reparatoria a los funcionarios que la autorizaron por los perjuicios ocasionados al Estado.
Ese informe, elevado a los vocales que conducen el Tribunal de Cuentas, plantea que “ante la manifiesta ilegalidad, arbitrariedad, inconstitucionalidad y avasallamiento del orden jurídico” del procedimiento llevado a cabo antes del cambio de gobierno, surge “la necesidad de declaración judicial de nulidad del decreto 3679”.
