La Justicia de Curazao limita la responsabilidad de los licenciatarios en disputas por ganancias impagas
Un tribunal de apelaciones revocó un fallo previo y determinó que un titular de licencia maestra no es responsable por obligaciones de un sublicenciatario una vez vencido el contrato, marcando un precedente clave para el antiguo sistema de sublicencias de Curazao.
Curazao.- Un tribunal de apelaciones de Curazao falló a favor de un ex titular de licencia maestra en una disputa por supuestas ganancias impagas de un casino online, al establecer que la responsabilidad del licenciatario no se extiende más allá de la vigencia contractual del acuerdo de sublicencia. La decisión introduce un criterio relevante sobre los límites temporales y jurídicos de la supervisión en el ya derogado régimen de licencias offshore del país.
El caso tuvo como protagonista a Gaming Services Provider (GSP), que había otorgado una sublicencia a Orient Power Holdings para operar el sitio topbet.eu entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017. Un jugador alegó haber obtenido ganancias por US$123.000 en la plataforma y, tras no recibir el pago, inició acciones legales en abril de 2022 contra GSP, pese a que el vínculo contractual entre las partes había finalizado años antes.
En primera instancia, la Justicia había dado la razón al demandante, al considerar que GSP había incumplido un supuesto deber especial de cuidado, que incluía la obligación de supervisar al operador incluso después de finalizada la relación contractual. Sin embargo, el tribunal de apelaciones revocó ese criterio y fue contundente: no existe en la legislación de Curazao ninguna norma que imponga al titular de una licencia maestra la obligación de seguir supervisando a un ex sublicenciatario una vez extinguido el contrato.
Al reexaminar el caso, los jueces también descartaron varios de los fundamentos fácticos que habían sostenido la sentencia original. Uno de ellos era la acusación de que topbet.eu habría continuado mostrando referencias a la licencia de GSP tras el vencimiento de la sublicencia. El tribunal determinó que las pruebas aportadas correspondían a un período en el que el acuerdo aún estaba vigente, por lo que no acreditaban ninguna infracción posterior.
Otro punto central del fallo fue la falta de evidencia concreta sobre el momento en que se habrían generado las ganancias reclamadas. El jugador sostuvo que había obtenido alrededor de US$150.000, de los cuales US$27.000 fueron abonados, y que incluso hubo un pago final en mayo de 2020. No obstante, el tribunal subrayó que no se presentó prueba alguna que demostrara que las ganancias impagas se produjeron mientras GSP mantenía una relación contractual con el operador del sitio.
En ese sentido, los jueces también tomaron en cuenta que GSP conserva datos operativos por un plazo de cinco años y que la compañía no fue contactada hasta 2022, cuando ya no contaba con registros que permitieran reconstruir los hechos alegados.
Asimismo, los jueces rechazaron el argumento de que GSP hubiera incumplido la ley al otorgar una sublicencia a una empresa extranjera. Según el fallo, la exigencia de estar establecido en Curazao aplicaba únicamente a los titulares de licencias maestras, no a los sublicenciatarios contractuales.
Finalmente, el tribunal anuló la sentencia de primera instancia, desestimó la demanda y ordenó al jugador hacerse cargo de las costas judiciales de GSP.
