La Justicia argentina ordenó clausurar más de 120 sitios clandestinos de apuestas
La medida fue requerida por el fiscal Alejandro Musso al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Argentina.- Gracias a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro que comenzó a partir de una información aportada por personal de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA), se logró la clausura de más de 120 sitios clandestinos de apuestas.
La determinación fue tomada por el fiscal Alejandro Musso, quien solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) bloquear el acceso a estas páginas web que, se comprobó, operaban de manera ilegal. La infracción se constató a partir de una revisión por cada una de ellas, que no estaban reglamentadas en ninguna de las 24 jurisdicciones de Argentina.
Entre las irregularidades detectadas se descubrió que ninguno de estos sitios de apuestas contaban con la sigla “bet.ar” en su dominio. Se trata de la única que recibe la aprobación de las loterías oficiales de Argentina al momento de hacer el registro de este tipo de páginas, la cual forma parte de una zona especial en internet creada especialmente por los organismos reguladores de la República Argentina y aprobada por la Secretaría Legal y Técnica de La Nación, a través de la Dirección Nacional del Registro de Dominio de Internet.
Asimismo, el documento señala que, al acceder a las plataformas ahora bloqueadas, ni siquiera se identifica a los jugadores, un hecho que fue calificado por el fiscal como de “absoluto desprecio por parte de los organizadores del juego ilegal”. De igual modo, explica el texto, se observa una desigualdad de competencia con sitios legales que tributan al fisco, que se encuentran registrados debidamente, y generan empleos legítimos.
En la causa, que se encuentra en el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, se califica a los sitios clausurados como espacios que no cumplen con ninguna de estas metas antes mencionadas y que colaboran al erario público.
“No tienen un fin social permitiendo el acceso al mercado laboral de personas, sino todo lo contrario, abusan de la permisividad del Estado en este sentido para lograr un provecho personal, desmedido, sin límites y pernicioso para la sociedad en su conjunto”, detalló Musso en su planteo.
“No se trata de una medida vinculada a las pérdidas económicas por la falta de tributación estatal, sino que la importancia radica, principalmente, y a criterio de quien esto suscribe, en la falta de control por parte del Estado que está ayudando a crear menores de edad ludópatas. Como nuestra señoría bien sabe, uno de los pilares fundamentales de actuación de este Ministerio Público resulta ser la de velar por la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y en ese norte es que solicitamos su urgente intervención, en el sentido de hacer cesar las consecuencias gravísimas de estos delitos”, se solicita en el texto.
Como se dijo, la investigación, conducida por el fiscal Musso y el secretario de la Ufeic Alejandro Orlandini, comenzó después de una presentación hecha por representantes de la División Ciberpatrullaje de la PFA a partir de que un agente que se hallaba “en función de auscultar el contenido público y abierto de la Web descubrió en la red social Instagram un usuario que con hashtag como #casino, #casinovirtual, #juegosonline, #apuestasonline, #casinoonline, #slots promocionaba juegos en línea, presumiblemente, sin la autorización correspondiente”.
Al continuar con el “ciberpatrullaje” en otras redes sociales, los detectives policiales encontraron otras casas de apuestas y juego online que también podrían estar operando sin cumplir con los requisitos legales.
Ante una consulta de la Ufeic, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) confirmó que los 110 sitios investigados no tenían la licencia ni la autorización para operar en la Argentina.
El dictamen del fiscal Musso agrega: “Capítulo aparte resulta ser la fiabilidad de azar manipulado. Lo denominamos de este modo, dado que en los juegos de azar físicos, como un casino, el azar depende de las leyes que rigen esta materia. En el mundo digital, dependen absolutamente de los algoritmos con que son diseñados los juegos. Para ello, las empresas legales cuentan con certificaciones internacionales que verifican la aleatoriedad de la jugada digital. En los casos de estos casinos clandestinos tal verificación no existe, y, por ende, en el afán de ganar más, el algoritmo lo manejan los propios delincuentes. En definitiva, ni el Estado, ni los particulares, ni ningún órgano de control, verifica la manipulación de los algoritmos que permiten que siempre ‘gane la casa’, en claro perjuicio de los apostadores, ahora además ‘estafados’”.
Además de la causa que tramita la Ufeic, en el fuero penal, contravencional y de faltas porteños se avanza en otro expediente de similares características a partir de una denuncia presentada por Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba).
