La Fiscalía de Baja California destruyó 98 máquinas tragamonedas ilegales
Estos operativos fomentan un entorno donde operadores deberán invertir en controles internos y sistemas de supervisión para no quedar fuera del marco legal.
México.- En un operativo destinado a frenar el juego ilegal y prevenir el juego problemático, la Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, destruyó 98 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos operativos realizados por las fiscalías regionales de Tijuana y Ensenada, así como por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.
Según el comunicado oficial, las máquinas habían sido incautadas en intervenciones previas contra establecimientos clandestinos y puntos de venta no registrados. El procedimiento se efectuó en los patios del Archivo General de la institución, en la colonia Salvatierra, con la presencia de representantes de diferentes áreas forenses y administrativas.
En el acto de destrucción participaron autoridades de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, la Fiscalía de Delitos contra la Vida de las Personas, el área de Contraloría y Visitaduría, el Centro Estatal de Ciencias Forenses, la Dirección Administrativa Zona Costa y la Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados. El procedimiento se llevó adelante conforme a los acuerdos de aseguramiento y destrucción previstos en el artículo 261 del Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de erradicar dispositivos que facilitan el acceso indiscriminado al juego y la posible corrupción de menores,
Con esta medida, las autoridades buscan enviar un mensaje claro a quienes operan redes de juego clandestino: el Estado no tolerará el funcionamiento de aparatos que fomenten la adicción ni que operen al margen de la regulación. Además, la Fiscalía anunció que mantendrá operativos de inspección y aseguramiento para dar continuidad a la prevención de delitos asociados al juego y garantizar espacios públicos libres de prácticas ilícitas.
Este operativo coincide con un endurecimiento normativo a nivel federal. El pasado 30 de junio, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llamada Ley Antilavado, y al Código Penal Federal. Las enmiendas califican a las apuestas, sorteos y juegos de azar como actividades de alto riesgo, sujetas a mayores controles de transparencia y reporte ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre las principales obligaciones impuestas a operadores de casinos y plataformas de juego figura la presentación de reportes de transacciones sospechosas sin importar montos y la implementación de sistemas de monitoreo más estrictos para evitar que sus instalaciones sirvan de pantalla para el lavado de dinero. El incumplimiento expone a los concesionarios a sanciones severas, incluida la revocación de licencias y posibles procesos penales.
