La Corte Suprema de Panamá anula la prórroga del contrato de la lotería electrónica
El fallo deja sin efecto la extensión por 10 años de la concesión de Lotto y Pega 3 y obliga a revisar el esquema legal y operativo de estos juegos.
Panamá.- La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró la nulidad de la adenda que extendía el contrato de la lotería electrónica, una decisión que impacta de lleno en la continuidad de los juegos Lotto y Pega 3 y reconfigura el escenario legal del sector.
El fallo deja sin efecto la adenda N° 5 firmada en febrero de 2023 entre la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la empresa Scientific Games LLC, que había prorrogado la concesión por una década adicional y habilitado la expansión de la operatoria digital.
La resolución judicial responde a una demanda presentada por el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la legalidad de la modificación contractual. Según su planteo, la LNB debía convocar a una nueva licitación pública en lugar de extender automáticamente el contrato original firmado en 2013.
Entre las principales irregularidades señaladas se destacan la extensión del plazo por 10 años, la modificación del objeto del contrato, cambios en las obligaciones del concesionario y alteraciones en el esquema económico, incluyendo porcentajes y beneficios fiscales.
La concesión había sido adjudicada inicialmente al consorcio Panama Lottery Technology Services, integrado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, para la explotación de lotería instantánea. Sin embargo, a través de sucesivas adendas, el acuerdo amplió su alcance hacia la lotería electrónica, incorporando productos como Lotto y Pega 3, comercializados mediante billeteros y dispositivos digitales.
Con la última modificación ahora anulada, se había establecido que la empresa recibiría el 15 por ciento de las ventas brutas, mientras que la LNB asumía costos operativos como publicidad, mercadeo e impresión de boletos.
El fallo no solo cuestiona la legalidad de esa extensión, sino que también abre interrogantes sobre la continuidad de los sorteos, que hasta ahora se realizaban varias veces por semana. De hecho, pese a la decisión judicial, la operación de estos juegos no se detuvo inmediatamente, lo que suma incertidumbre sobre los próximos pasos regulatorios.
En el plano político, el presidente José Raúl Mulino ya había manifestado su rechazo a la lotería electrónica, al considerar que no resultaba beneficiosa para el Estado. “Esto es negocio para alguien, pero no para el Estado”, afirmó en su momento, al tiempo que instruyó avanzar en su eliminación y priorizar los sorteos tradicionales.
A las críticas oficiales se suman ahora los reclamos del Sindicato de Billeteros, que pidió suspender los juegos y realizar una auditoría para determinar el impacto económico del contrato. Según su presidente, Fernando González, la adenda generó “grandes pérdidas” para la entidad y favoreció condiciones desventajosas para la LNB.
El dirigente también solicitó investigar a los funcionarios que participaron en la aprobación del acuerdo, al tiempo que planteó la necesidad de transparentar los resultados financieros del esquema implementado.
En paralelo, especialistas advierten que la nulidad de la adenda podría derivar en nuevas acciones legales, tanto para definir responsabilidades como para establecer eventuales compensaciones. Mientras tanto, la LNB deberá evaluar cómo reconfigurar su oferta de juegos y definir el futuro de la operación electrónica en el país.
