La Comisión de Juegos de Puerto Rico capacita a la Policía para reforzar la fiscalización y confiscación de tragamonedas ilegales
El seminario abordó el marco legal vigente sobre las máquinas de juegos de azar en ruta y se realizó pocos días después de la entrada en vigor del reglamento que habilita la confiscación de equipos sin licencia en Puerto Rico.
Puerto Rico.- En el marco de los esfuerzos de coordinación interagencial y fortalecimiento de los mecanismos de control, la Comisión de Juegos de Puerto Rico ofreció un seminario dirigido a personal de la Policía de Puerto Rico sobre las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta y la Ley Núm. 11 de 1933.
La actividad se llevó a cabo en el anfiteatro del Cuartel General de la Policía y contó con la bienvenida del subdirector de la Comisión de Juegos, Edgar Pagán. Según informó el organismo, el encuentro tuvo como objetivo reforzar el conocimiento del marco legal vigente y de los procedimientos aplicables a la fiscalización y confiscación de estas máquinas.
La capacitación se produce en un contexto regulatorio clave para el sector, marcado por la reciente entrada en vigor del Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, que establece normas y criterios específicos para el retiro, custodia y disposición final de tragamonedas que operen sin licencia o en violación de la normativa vigente.
El reglamento, adoptado de manera conjunta por la Comisión de Juegos y la Policía de Puerto Rico, formaliza el rol de las fuerzas de seguridad en los operativos de ocupación y fortalece la ejecución de los procesos administrativos vinculados a estas acciones, incluyendo el derecho de impugnación por parte de los involucrados.
Desde el Gobierno de Puerto Rico señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar el control fiscal y operativo del juego en ruta, que también incluye la implementación de la interconexión obligatoria de las máquinas tragamonedas. En ese marco, la capacitación del personal policial busca asegurar una aplicación uniforme de la ley y una fiscalización más efectiva de una actividad de alto impacto económico y regulatorio en la isla.
