Jdigital pide sancionar como juego ilegal las apuestas vinculadas a mercados de predicción
La patronal del juego online advierte sobre el avance del mercado no autorizado y reclama reforzar los mecanismos de control y sanción en España.
España.- La Asociación Española de Juego Digital (JDigital) advirtió que las apuestas vinculadas a los mercados de predicción deben ser tratadas como juego ilegal cuando operen fuera del marco regulado, en un contexto nacional donde la industria ilegal sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector.
La entidad manifestó esta problemática en un encuentro de trabajo con la senadora Elena Castillo, del Grupo Parlamentario Popular, donde expuso los riesgos asociados a la expansión del mercado negro y el impacto de nuevas plataformas de predicción que, según la patronal, difuminan los límites entre productos financieros y juego online.
En paralelo, Jdigital expresó su expectativa de que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) refuerce el seguimiento de estas actividades y establezca sanciones efectivas contra los operadores que operan sin licencia en territorio español.
Nuevas tensiones regulatorias en la industria
La organización también analizó el impacto de los proyectos incluidos en la agenda regulatoria del Gobierno de España para 2026. Entre ellos, se destaca el Proyecto de Real Decreto de Prevención de Blanqueo de Capitales, que incorpora nuevas cargas administrativas y de control para el sector. En este punto, Jdigital cuestionó la falta de una justificación suficiente para la adopción de estas medidas.
Según la patronal, el texto no respeta el principio de proporcionalidad y sustituye el enfoque basado en el riesgo por un modelo generalizado que considera «menos eficiente y más restrictivo» para la operativa del sector regulado.
En este contexto, Jdigital volvió a posicionarse sobre el sistema de límite conjunto de depósitos previsto en el Plan Normativo 2026, actualmente pendiente de informe del Consejo de Estado.
La asociación reiteró su rechazo a la medida, al considerar que la creación de un mecanismo centralizado de control interconectado entre operadores resulta innecesaria dentro de un mercado que, según sostiene, ya dispone de altos estándares de protección al consumidor y herramientas de control suficientes.
