Ingresa al Senado brasileño proyecto que prohíbe cashback, programas de fidelidad y bonos en apuestas deportivas
La iniciativa del senador Eduardo Girão busca eliminar mecanismos que fomentan el gasto excesivo y el juego problemático en plataformas de apuestas de cuota fija, con un plazo de 90 días para su adaptación.
Brasil.- El senador Eduardo Girão presentó el Proyecto de Ley Nº 1.018/2026, que modifica la Ley Nº 14.790/2023 para prohibir incentivos y estrategias de retención en las plataformas de apuestas de cuota fija en Brasil.
La propuesta crea el artículo 29-A, que veta beneficios ligados al comportamiento del usuario, como cashback, programas de fidelidad, sistemas de puntuación, rankings VIP o recompensas por pérdidas acumuladas, frecuencia de apuestas, volumen de depósitos o tiempo en pantalla.
El texto también impide elementos de gamificación, como «misiones», desafíos promocionales o progresiones de niveles, y prohíbe comunicaciones personalizadas basadas en el historial del apostador para estimular depósitos o continuidad. Se permiten acciones informativas o educativas sin ventajas directas. Además, obliga a las operadoras a evitar campañas dirigidas a usuarios de alto riesgo de ludopatía y a transparentar algoritmos de recomendación que influyan en decisiones.
En su justificación, Girão argumenta que, a pesar de la reciente regulación del sector, los operadores siguen utilizando mecanismos indirectos para fomentar la participación de los usuarios. Según el senador, estas prácticas contribuyen al aumento del endeudamiento, la disminución de los ingresos familiares y el empeoramiento de los problemas de salud mental, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Si se aprueba, las empresas tendrán 90 días para adaptar plataformas y prácticas, bajo regulación del Ministerio de Hacienda. Girão justifica la medida argumentando que, pese a la reciente regulación, persisten tácticas indirectas que atentan contra los apostadores, su salud y los ingresos familiares. El legislador argumenta que la propuesta busca reducir los daños y fortalecer la protección del consumidor, alineando la regulación del sector con los principios constitucionales de protección del consumidor, protección de la salud y dignidad humana.
