Cristian Guzmán: «Entendimos que teníamos que apegarnos a las disposiciones del Senado»

Cristian Guzmán, de Fenabanca, analiza los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la nueva ley de juegos de azar de República Dominicana, advierte sobre los riesgos para las bancas de lotería tradicionales y plantea los desafíos del futuro organismo regulador.

Datos clave:

• Fenabanca respaldó el texto inicial de la nueva ley de juegos de azar de República Dominicana, pero cuestiona cambios de la Cámara de Diputados que aceptó el Senado.
• La distancia mínima entre bancas de lotería quedó en 200 metros, frente a los 500 del proyecto original; el contrato de Fenabanca de 2005 fija 400 en zona urbana y 500 en rural.
• El artículo 134 limita a bancas y loterías electrónicas la venta de juegos de los que sean titulares o cuenten con autorización de la DGJA, y exceptúa las terminales de quiniela operadas por la Lotería Nacional.
• Guzmán valora como positivo que todos los operadores paguen a la Dirección General de Impuestos Internos, que además integrará el consejo técnico.
• Guzmán afirma que las bancas fuera de las 30.974 registradas en el Ministerio de Hacienda siguen sin legalizar y pide que el año de adecuación no sea un periodo de gracia para quienes incumplen la distancia.

Entrevista exclusiva.- Fenabanca, que representa a las bancas de lotería tradicionales de República Dominicana, respaldó el texto inicial de la nueva ley de juegos de azar, pero cuestiona varias de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados y que luego aceptó el Senado, según explicó Cristian Guzmán, secretario general. En una entrevista exclusiva con Focus Gaming News, detalló los puntos que considera desfavorables para el sector, como la distancia mínima entre bancas, el artículo 134 sobre la venta de terminales de quiniela, palé y tripleta, y el retiro de la Seguridad Social como requisito para mantener la licencia. También se refirió a la ampliación de la vigencia de las licencias, al régimen de sanciones, a la moratoria de diez años para nuevos puntos de venta y al desafío que enfrentará el nuevo organismo durante el año de adecuación.

El Senado aceptó una serie de cambios a la ley impulsados por la Cámara de Diputados. ¿Fenabanca comparte estas modificaciones o considera que alguna debería revisarse?

En su momento hicimos algunas observaciones a las modificaciones de la Cámara de Diputados, pero entendíamos que para no postergar más la aprobación de la ley, teníamos que apegarnos a las disposiciones del Senado, ya que nosotros nos íbamos a sumar.

En esta línea, el 27 de julio el coordinador del Consejo Consultivo y administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, invitó a los diferentes representantes de los distintos sectores que tienen que ver con juegos de azar, cómo hípica, casino, bancas deportivas, concesionario, incluyendo a Fenabanca como representación de las bancas de lotería, para firmar un documento para garantizar un periodo de noventa días para hacer las recomendaciones que sean necesarias para proponer una modificación una vez promulgada la ley.

Nosotros esperamos que inmediatamente se promulgue. Para los diferentes sectores que no estuvieron del todo conformes con algunas partes de la ley, nos sentaremos y pondremos en común las recomendaciones necesarias. 

«Entendíamos que para no postergar más la aprobación de la ley, teníamos que apegarnos a las disposiciones del Senado».

Cristian Guzmán, secretario general de Fenabanca.

¿Consideran que hubo alguna modificación que benefició especialmente al sector y otra que hubiesen preferido evitar?

En nuestro caso, como representante del sector tradicional de las bancas, como primer punto menciono la distancia entre locales. El proyecto va al Senado planteando una distancia de 500 metros entre una banca de lotería y otra, pero en la Cámara de Diputados la aprobación para las bancas de lotería fue de solamente 200 metros. En su momento lo que argumentamos es que el contrato que tiene Fenabanca con el Estado dominicano, firmado en el 2005, establece que en la zona urbana debían respetarse 400 metros de distancia y, en el caso de la zona rural, 500 metros.

Los senadores tomaron como parámetro que ya existían dos decretos, el decreto 1167-01 y el decreto 730-02, en donde se estipulan estos 200 metros. Fenabanca se alineaba más con respetar los 500 metros porque era más consecuente con el contrato.

Otro cambio en contra del sector que representamos tiene que ver con el artículo 134. Ese establece las bancas de lotería y las loterías electrónicas sólo pueden comercializar juegos de los que sean titulares o que cuenten con la autorización expresa de la DGJA. Se exceptúan las quinielas o terminales de quiniela operadas por la Lotería Nacional.

Nosotros consideramos que eso no debía de ser así, que nosotros, al igual que ellos, tenemos derecho a vender los sorteos de la Lotería Nacional, los sorteos de quiniela, palé y tripleta, porque nosotros no usamos lo que son las marcas, sino simplemente el nombre genérico.

Previamente existía el DM 182.218, que establecía que los nombres quiniela, palé y tripleta son nombres genéricos y que son propiedad del Estado Dominicano, por lo tanto, no podía cobrarse. Pero ese artículo ahora se modificó en la Cámara de Diputados, y nos deja en una situación que después podría ser conflictiva para aquellos que no pertenecen a compañías concesionarias, porque nosotros ahora mismo no tenemos en realidad ningún sorteo que podamos decir que sea de exclusividad, porque los sorteos de la Lotería Nacional ya no tienen exclusividad.

Se eliminó el vínculo entre el incumplimiento de obligaciones laborales y la posibilidad de revocar una licencia. El senador Antonio Taveras cuestionó puntualmente ese retroceso. ¿Qué garantías quedan hoy para los trabajadores del sector?

La Secretaría de Trabajo tiene que velar por que esto se cumpla, que las empresas acaten eso. Eso es un asunto que está amparado por ley en el país. Lo más correcto hubiese sido que también a través de este proyecto de ley de juegos de azar hubiese estado también contemplado porque eso hubiera dado mayor seguridad. Hubiese dado mayor garantía de que nadie se aprovechara y dejara a los empleados fuera de lo que tiene que ver con la Seguridad Social.

¿Cómo hace el regulador para revisar periódicamente el cumplimiento tributario y laboral de cada establecimiento si la licencia se extiende?

Actualmente existe algo que es contradictorio. Un grupo paga por la Dirección General de Impuestos Internos y otro grupo paga por la cuenta del Tesoro. En el caso de los concesionarios, han estado pagando por la cuenta del Tesoro. Ahí es donde yo considero que no hubo un manejo prolijo y donde las empresas se aprovecharon. Abren nuevos puntos, no los declaran y no pagan por ello.

En el caso de los que están pagando por DGI, que ya tienen su permiso, la transparencia es mucho mayor. Ahora en este proyecto de ley todo el mundo tiene que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos. Yo considero que eso va a tener mucho mayor control y es una de las modificaciones positivas.

Además, la DGI es parte del consejo técnico que se está formando. Es decir, ellos van a estar dentro y una de las cosas que van a estar supervisando es que el que se dedique al negocio de los juegos de azar cumpla con sus obligaciones tributarias. La ley da herramientas para que se hagan cumplir las exigencias del pago de los impuestos.

La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones que van desde una multa hasta la suspensión. ¿Es proporcional este esquema para las bancas más chicas en comparación con casinos más grandes?

Aunque parece que la ley en algunos casos dispone de penas que son fuertes porque está contemplada la prisión de hasta diez años, hay un nivel de desorden muy grande debido a la falta de régimen de consecuencias. Aquí no hay régimen de consecuencias. La Ley 139-11 apenas contemplaba que, por la violación del pago de los premios, se otorgaba una cancelación de la licencia, cosa que nunca se ha cumplido.

Aquí no se le ha cancelado la licencia a nadie y no había ninguna pena. Es importante señalar que la ley establece no solamente penalidades en cuanto a salarios mínimos, sino también prisión. 

Anteriormente, en el código penal que teníamos antes, estaban los artículos 475, 476 y 410, que tenían tipificada la práctica de los juegos de azar como ilegal, siempre y cuando no tuviesen un permiso de parte del Estado. Es decir, el Estado era el que regulaba y había unas condenas dentro del código. Sin embargo, en el nuevo código penal, estos artículos fueron retirados. Nosotros comunicamos esta situación, le enviamos una carta a la presidencia y dejamos una comunicación al congreso pidiendo que reconsiderara eso y una eventual modificación del código. Por eso veo muy importante que en la ley se contemplen este tipo de sanciones.

La moratoria de diez años está específicamente apuntada a nuevos puntos de venta. Hay quienes consideran que esto favorece a los operadores que ya están instalados.

Lo que contempla la ley en realidad va a beneficiar a aquellos a quienes les otorguen licencia, según la prohibición estipulada en el artículo 191, y nosotros esperamos que esto se cumpla. Específicamente porque en el artículo 8 de la Ley 139-11 también se dispuso una prohibición por diez años a las bancas deportivas y a la banca de lotería, pero eso nunca se cumplió.

Por el contrario, un año después se emite la Ley 253-11 y se crean las condiciones para después aprobarse tres concesionarias más: La Pegue, que es La Suerte Dominicana; Lotedom, que es propiedad del diputado Orlando Martínez; y G Star, que se conoce como La Primera. La prohibición de los diez años no tuvo sentido, porque al fin y al cabo, estas concesionarias, que denominan a sus puntos de venta como “agencia”, pero en el fondo son lo mismo, hacen lo mismo que una banca de lotería tradicional.

¿Qué plantean ustedes para el proceso de legalización de las bancas?

Nosotros defendemos que haya una depuración efectiva. Si no, a todo lo que está puesto ahora mismo como banca se le debe otorgar una licencia, porque la misma ley establece una distancia. Salvo las 30.974 bancas que están en la base de datos del Ministerio de Hacienda, las demás están por legalizarse.

Incluso las del proceso del 2022, las acogidas al decreto 63-22, no son bancas legales, porque se sometieron a un proceso pero no se les ha emitido ningún permiso. Y yo creo que lo correcto es que esas bancas tengan que cumplir con las distancias, tanto de una banca a otra (es decir, si hay una banca legal y se ha puesto ahí otra que no posee permiso, debe cumplir con la distancia) como con los lugares que la ley considera especiales, como las escuelas, los hospitales y las universidades, donde la ley establece quinientos metros.

Lo que entendemos es que debe haber una depuración de eso. Nos oponemos a que se abra el abanico para que todo el mundo simplemente se inscriba y empiece a pagar impuestos y que después venga una depuración, porque fácilmente, después que una persona empezó a pagar, se queda ahí, aunque esté violando derechos adquiridos, aunque esté faltando a las disposiciones de distancia de la ley. Quizás a quien esté al frente de la Dirección General de Juegos de Azar, lo que le interese ya sea que esa persona esté pagando impuestos, y no debe ser así. Aquí no debe primar el asunto de la recaudación, sino el respeto al derecho adquirido y al orden.

Los operadores van a tener un año para adecuarse a este régimen. Cuando termine este plazo, ¿qué resultados concretos deberían haberse logrado para que se pueda afirmar que funcionó?

Yo creo que este año el organismo tiene que entender que no debe darle prioridad a nadie que se haya colocado violando derechos o incumpliendo con la distancia que establece la ley, porque pueden aprovecharse mucho y entender que este es como un año de gracia: un año en que ellos pueden seguir haciendo y deshaciendo, incurriendo en el desorden.

Yo creo que ese es el principal desafío que tiene el organismo si quiere realmente cumplir con lo que la misma ley establece y ser estricto con esto. Lo que debe garantizarse este año es que muchas de esas bancas se cierren, porque violan derechos.

Aquí hay una sobresaturación de bancas, y esa sobresaturación ha afectado el negocio. Es lo que ha provocado que los negocios pierdan rentabilidad, porque lo único que les garantiza la rentabilidad es la distancia, ese espacio vital. Si pierden el espacio vital de operación, pierden la rentabilidad.

La institución tiene que organizarse, lógicamente, y eso lleva un proceso, pero no debemos seguir permitiendo este desorden. Tiene que comenzar inmediatamente a ir asumiendo funciones, porque mientras el nuevo organismo no entre de lleno a funcionar, muchas funciones van a seguir recayendo sobre el Ministerio de Hacienda, y especialmente sobre la Dirección de Casinos, que es la parte que tiene que ver con los juegos de azar.

Y nosotros tenemos claro que si las cosas dependen de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, no funcionan. De hecho, han sido responsables también del desorden que hay.

Creo que quien vaya a ocupar esa responsabilidad posiblemente sea el mismo Teófilo Quico Tabar, pero tiene todo un desafío: garantizar los derechos, sobre todo, y el cumplimiento de la ley, por encima del cobro de impuestos. Esa entendemos nosotros que debe ser la misión principal del nuevo organismo.

«Si las cosas dependen de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, no funcionan».

Cristian Guzmán, secretario general de Fenabanca.