El Senado de Puerto Rico pone el foco en las multas de tragamonedas
La Comisión de Seguridad Pública investigó las deudas acumuladas por operadores y su posible impacto en los fondos destinados al retiro de la Policía. Hacienda no compareció y sostuvo que la Resolución del Senado 81 no le otorga facultades a la comisión para investigar el asunto.
Puerto Rico.- El Senado de Puerto Rico puso bajo análisis las deudas por multas acumuladas por operadores de máquinas tragamonedas y su posible impacto sobre los recursos destinados al Fideicomiso para el Retiro de los Miembros de la Policía. La investigación se desarrolló en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, presidida por el senador Gregorio Matías Rosario.
La sesión se realizó al amparo de la Resolución del Senado 81 y contó con la comparecencia de la Comisión de Juegos, mientras que el Departamento de Hacienda no asistió. Según informó la agencia, considera que la resolución no faculta a la comisión para investigar las deudas relacionadas con las multas de las máquinas. La Compañía de Turismo de Puerto Rico también solicitó ser excusada y sostuvo que la jurisdicción sobre la operación y licenciamiento de las máquinas fue transferida a la Comisión de Juegos mediante la Ley 81-2019.
Uno de los principales interrogantes planteados por los legisladores es el origen y la validez de las deudas registradas por multas, particularmente aquellas acumuladas bajo el esquema anterior a la regulación actual, cuando el Gobierno todavía no estaba conectado a las máquinas ni recibía una participación de los ingresos generados.
La Comisión de Juegos diferenció entre las multas administrativas que impone y recauda directamente y las deudas que aparecen registradas en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), cuya administración, cobro y validez corresponden a Hacienda.
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, señaló que la presencia de una multa o deuda en SURI no significa necesariamente que ese monto constituya un ingreso de la Comisión de Juegos ni que esté destinado directamente al Fideicomiso para el Retiro de la Policía. También aclaró que su organismo no tiene autoridad para determinar el origen, la validez o la cuantía de esas deudas, aunque la información es considerada al evaluar solicitudes de licencia.
Durante la visita, Santaella Marchán explicó además el esquema vigente para distribuir los ingresos generados por las máquinas de juegos. Una vez cubiertos los primeros US$12m destinados al Fondo General, los recursos posteriores se distribuyen de la siguiente manera: 55 por ciento para el Fideicomiso destinado al retiro de la Policía; 40 por ciento para el Fondo General, en apoyo a los municipios; 5 por ciento para cubrir los costos operacionales de la Comisión de Juegos.
El posible impacto de las deudas sobre este flujo de recursos fue uno de los motivos que llevó al Senado a convocar la investigación. Matías Rosario explicó: «Esto surge luego de la preocupación de varios operadores de máquinas y de varios líderes de gremio, que entienden que hay unas deudas que, aunque están en el tribunal, pueden provocar un colapso en el sistema si de un momento a otro algún fallo les permitiera pagar la cuantía. Lo que se está buscando en esta comisión es que haya todo el conocimiento, por si algo puede afectar, en el futuro, los recaudos de la Policía».
Hacienda podría ser citada nuevamente
Ante la falta de la información de Hacienda, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano sentenció que continuará evaluando este tema al citarlos nuevamente. Además, adelantó que si el Departamento no se siente en disposición de comparecer mediante vista pública, estaría abierto a hacer una reunión ejecutiva. “Vamos a seguir investigando hasta hacerle justicia a los policías”, concluyó el senador Matías Rosario.
