El juego legal colombiano aportó más de US$230m a la salud en los primeros 7 meses del año
Los juegos nacionales demostraron un crecimiento del 26,9 por ciento durante el primer semestre.
Colombia.- La Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) celebró el crecimiento de la industria del juego legal en Colombia y destacó la importancia del sector para el desarrollo del sistema de salud.
En ese sentido, desde Cornazar aseguraron que el juego legal transfirió COP 926.000m (US$232m) a la salud pública en Colombia al cierre del julio del 2025. Basándose en datos de Coljuegos, detallaron que del total, COP883.992m (US$220m), se transfirieron entre enero y junio, según cifras reportadas por Coljuegos.
Las cifras oficiales de los primeros seis meses del año demuestran que COP 566.563m (US$145.8m) provinieron de los juegos nacionales, especialmente casinos, bingos y plataformas de apuestas por internet, reflejando un incremento del 26,9 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.
Para Cornazar, los datos son una muestra del impacto del juego legal como garante del sector económico y bienestar social. Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de la agremiación, declaró: “La industria del juego legal no solo representa entretenimiento, sino también progreso, formalidad y aporte social. Cada peso transferido se traduce en salud para los colombianos. Desde Cornazar reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia”.
Asimismo, la funcionaria remarcó que estos resultados se logran gracias a una industria regulada que cumple las normativas: “Detrás de estos resultados se encuentran concesionarios regulados, operadores de salas de juego, plataformas digitales, proveedores y aliados que, además de cumplir con estrictas normas de control, sostienen miles de empleos directos y refuerzan la confianza institucional”, explicó Maya Cano.
Por otro lado, desde la Cornazar hicieron referencia a la “inestabilidad tributaria”, en relación a los nuevos impuestos al juego online y la posible reforma, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas con licencias y los recursos que generan para la salud pública.
“Cornazar insiste en la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado, los entes reguladores y los empresarios. La ilegalidad pone en riesgo vidas, empleos y recursos que deberían destinarse a la salud de los colombianos”, concluyó Maya Cano.
