El Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza aprobó la reglamentación de un sistema de retiro voluntario para empleados
La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por la titular del IPJyC, Ida López, en el Boletín Oficial provincial.
Argentina.- El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) de Mendoza aprobó la reglamentación de un Sistema de Retiro Voluntario para los empleados con el objetivo de iniciar un proceso de reorganización del organismo. La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por la titular del IPJyC, Ida López, el 20 de julio, en el Boletín Oficial provincial.
La medida está contemplada en la Ley 9.718 promulgada el 23 de julio por el gobierno de Mendoza, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, que contempla, entre otros puntos, la reorganización del IPJyC Mendoza.
El documento sobre el sistema de retiro voluntario establece una serie de condiciones y procedimientos para que el personal de planta permanente pueda adherirse al régimen. La resolución indica quiénes pueden solicitar el retiro, cuáles son las condiciones para acceder, cómo se calculará la compensación económica y de qué manera se concretará la salida de los trabajadores que sean aceptados.
Se fijó como fecha límite para solicitar la adhesión el 1º de octubre y se estableció que el beneficio consistirá en una compensación indemnizatoria equivalente al 120 por ciento de lo establecido por la normativa vigente.
La resolución detalla las causales de exclusión del sistema, incluidos los agentes sometidos a procesos disciplinarios que puedan derivar en cesantía o exoneración, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o se encuentren a dieciocho meses o menos de cumplir los requisitos para hacerlo, y quienes hayan presentado su renuncia al cargo.
La ley Ley 9.718 faculta al organismo, por el plazo de un año, a modificar su estructura, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera. Además, suspende temporalmente algunas restricciones presupuestarias para facilitar ese proceso y autoriza al Ejecutivo a realizar los aportes necesarios para asegurar el funcionamiento del instituto.
