Argentina: el Gobierno de Santa Fe pidió dar de baja 273 sitios web de juego ilegal
La denuncia fue presentada por el Ejecutivo liderado por Maximiliano Pullaro ante el Ministerio Público de la Acusación.
Argentina.- El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves 23 de mayo una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo 301 bis del Código Penal) en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas, solicitando que sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias de 273 sitios de Internet.
La denuncia, lleva la firma de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Educación, José Goity; y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena y está dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich.
En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la Provincia de Santa Fe, ha advertido que 273 sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal, así como la normativa vigente en materia de regulación del juego, y que no poseen la aprobación de la autoridad competente para comercializar dichos juegos.
Cabe recordar que la provincia de Santa Fe reglamentó la ley que habilita las apuestas virtuales en la provincia el pasado 30 de abril, mediante el decreto Nro. 562, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La acusación presentada ante el MPA también señala que estos sitios ilegales posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país” y agrega que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.
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El titular del CAS, Daniel Di Lena señaló como “oportuno” resaltar que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, como las licencias otorgadas por alguna de los veinticuatro organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.
La presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.
Por otra parte, el escrito menciona también que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar”. En consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.
Se estima que el juego ilegal representa aproximadamente el 80 por ciento del juego en línea, ocasionando esta actividad un daño económico, ya que solo por el canon que deberían abonar el perjuicio es superior a los AR$2.000m (USD2.2m) mensuales. “Adicionalmente, cabe destacar que la irregularidad de estas actividades escapan también a la acción fiscal del Estado al no aportar ningún tipo tasas o impuestos al mismo, incrementado aún más el monto estimado”, se indicó.
Debido a esta situación, se solicitó al MPA la “imperiosa necesidad de clausurar / bloquear el acceso” de estos 273 sitios de internet, así como la clausura / bloqueo de “las cuentas bancarias con las que operan estos sitios de juego delictivo, previa investigación de las mismas”, y el “embargo del dinero allí depositado, prohibiendo cualquier operación de acreditación, débito, depósito o transferencia desde y hacia dichas cuentas, quedando el dinero secuestrado a disposición del Tribunal”.
