El gobierno brasileño avanza con un decreto para restringuir el acceso a las apuestas online
Ante las dificultades para impulsar una prohibición en el Congreso, el Gobierno prepara restricciones focalizadas sobre usuarios y publicidad.
Brasil.- El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acelera una nueva ofensiva contra el juego online en Brasil, esta vez a través de un decreto presidencial que buscará restringir el acceso a las plataformas y endurecer las reglas de publicidad del sector. La iniciativa, que podría publicarse a mediados de mayo, se enmarca en un contexto político en el que el Ejecutivo reconoce las dificultades para avanzar con una prohibición total a nivel legislativo.
La medida está siendo coordinada por la Casa Civil, con participación de los ministerios de Hacienda, Planificación y Justicia, y apunta a introducir limitaciones específicas sobre determinados segmentos de usuarios. Entre ellas, se destaca la posible prohibición de apostar para quienes se inscriban en el nuevo programa de refinanciación de deudas que el Gobierno planea lanzar, con el objetivo de evitar que personas en situación financiera vulnerable continúen destinando recursos al juego.
En paralelo, el decreto incluiría restricciones sobre las prácticas publicitarias de las plataformas, especialmente aquellas consideradas engañosas o que incentiven comportamientos compulsivos. También se evalúa limitar el direccionamiento de campañas y ofertas promocionales hacia usuarios con mayor propensión al juego problemático.
La ofensiva responde a una lectura instalada en el Palacio del Planalto: el crecimiento de las apuestas online habría contribuido al aumento del endeudamiento de las familias brasileñas, un fenómeno que, según el entorno presidencial, también impacta en la percepción económica y en los niveles de aprobación del Gobierno. Bajo esa premisa, la consigna interna es “cerrar las canillas” que hoy facilitan la expansión de la actividad.
La postura del gobierno ha sido refutada por diversas agrupaciones y actores del sector del juego; sin embargo, sus reclamos y advertencias, por el momento, no han sido oídas por el Poder Ejecutivo que parece decidido a avanzar en las restricciones, a pesar de que esto podría derivar en un crecimiento exponencial del juego ilegal y la pérdida de confianza en el mercado regulado, que sólo lleva poco más de un año en funcionamiento.
El recurso al decreto no es casual. En los últimos días, el propio Ejecutivo admitió que una prohibición total del sector encuentra fuertes resistencias en el Congreso. Funcionarios clave reconocieron que la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo solo habilita avanzar hacia una regulación más estricta, pero no hacia la eliminación de la industria.
En ese escenario, el decreto aparece como una vía más rápida y viable para introducir cambios concretos sin necesidad de atravesar el complejo trámite parlamentario. Aun así, se espera que las medidas formen parte de una estrategia más amplia que combine regulación, presión fiscal y acciones de protección al consumidor.
