Cuatro empresas compiten por la concesión de casinos y slots en Córdoba

La lotería provincial llevó adelante el proceso de apertura de sobres. Cuáles son las empresas interesadas en obtener la licitación y cuál fue la reacción de la oposición cordobesa.

Argentina.- Cuatro firmas se han postulado para gestionar los casinos, hoteles y slots en la provincia de Córdoba, en el marco de la licitación convocada por Lotería de Córdoba. Las empresas CET SA, Casino de Victoria, Fuente Mayor y Boldt S.A. competirán por la concesión de los Anillos Alta Gracia, Cruz del Eje, Río Ceballos, Federal y Turístico. El proceso ya comenzó con la apertura de sobres y la evaluación de las propuestas, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la administración de los juegos de azar en la provincia.

La apertura de los sobres de la licitación tuvo lugar en la sede de Lotería de Córdoba, con la presencia de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del proceso, que incluye a funcionarios del organismo provincial y representantes de las empresas postulantes. En este primer paso, se abrió el sobre número uno, en el que se detallan las empresas que compiten por los diferentes “Anillos” de la provincia.

Por el Anillo Alta Gracia, Cruz del Eje y Río Ceballos, se presentaron las empresas CET SA (actual concesionaria), Casino de Victoria y Fuente Mayor, mientras que para los Anillos Federal y Turístico, las mismas firmas se sumaron a la propuesta de Boldt S.A. Ahora, la Comisión procederá a revisar la documentación presentada antes de avanzar con la siguiente fase del proceso licitatorio.

La licitación, que ha sido adelantada por decisión del gobernador Martín Llaryora, forma parte de un proceso de cambio en la administración de los juegos de azar en Córdoba. A tres años de la finalización de la actual concesión, la provincia optó por convocar a privados para que gestionen los casinos y tragamonedas, que hasta ahora estaban bajo la órbita de Lotería de Córdoba.

Sin embargo, el casino de Villa Carlos Paz, el más rentable de la provincia, no será parte de este cambio y continuará siendo administrado por Lotería de Córdoba, que se encargará de su operación, dado que recauda el 75 por ciento de los AR$ 7.000m (USD 6,68m) que se jugaron el año pasado en juegos de paño como la ruleta y el póker.

Próximos pasos: Evaluación y propuestas económicas

Con la apertura de los sobres de la licitación, la Comisión de Evaluación se encargará de revisar en detalle los documentos presentados por las empresas postulantes. En las próximas semanas, se avanzará con la apertura del sobre número dos, que incluirá las propuestas económicas de las firmas. De este modo, el proceso continuará según lo previsto y se espera que, a medida que avance, se determinen las empresas que asumirán la gestión de los casinos y tragamonedas de la provincia.

Este proceso de licitación no solo marcará un cambio en la gestión de los juegos de azar en Córdoba, sino que también abrirá la puerta a nuevas inversiones privadas en el sector, lo que podría tener un impacto significativo en la economía provincial.

Rechazo opositor

Mientras se avanzaba en la licitación de los casinos y tragamonedas, cinco bloques opositores provinciales presentaron un proyecto de ley para convocar una «consulta popular» sobre la privatización del negocio del juego en la provincia.

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El proyecto, firmado por legisladores de la UCR y el Frente de Izquierda, propone que el gobierno de Martín Llaryora consulte a los cordobeses si están de acuerdo con la privatización de los casinos existentes, la creación de nuevos establecimientos y la instalación de más salones con máquinas tragamonedas. La consulta se realizaría en un plebiscito el domingo posterior a los 60 días de sancionada la resolución, con la publicación oficial en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Legislativo.

Este planteo ha generado debate, con críticas sobre el avance de la licitación y las posibles implicancias de privatizar el sector, que hasta ahora ha estado bajo control estatal. Algunos legisladores opositores, como Matías Gvozdenovich, apuntaron a la influencia de empresas privadas, como el grupo Andesmar y Fuente Mayor, que habrían mantenido conversaciones con funcionarios provinciales para asegurarse el negocio del juego.