Convocan a una audiencia para entregar permisos de operación para casinos en Chile

Las 12 plazas de casinos estarán disponibles a partir de 2023.
Las 12 plazas de casinos estarán disponibles a partir de 2023.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) convoca a una audiencia de apertura de ofertas económicas para el 5 de agosto.

Chile.- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizará el 5 de agosto una audiencia pública de apertura de las ofertas económicas de los proyectos postulantes a un permiso de operación para casinos de juego, para los doce cupos disponibles a nivel nacional en el país andino, a partir de julio de 2023.

En su comunicado, el ente regulador informó que en la sesión realizada el 18 de julio pasado, el Consejo Resolutivo ratificó por unanimidad, las propuestas de evaluación técnica presentadas por la SCJ, determinándose el puntaje de los proyectos postulantes a un permiso de operación para casinos de juegos en las comunas de Calama, Copiapó, Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas.

Concluida dicha evaluación técnica, con fecha 25 de julio de 2022, la SCJ emitió la Resolución Exenta N° 553, informando los puntajes de cada una de las sociedades postulantes que superaron el puntaje mínimo ponderado establecido en la Ley N° 19.995, que corresponde al 60 por ciento de la suma total de los puntajes, lo que les permite pasar a la etapa de Apertura de Oferta Económica.

En este contexto, el viernes 5 de agosto, a las 10 h, en el primer piso del Ministerio de Hacienda, ubicado en Teatinos 120, Santiago, se realizará la Audiencia Pública de Apertura de las Ofertas Económicas de los proyectos postulantes a un permiso de operación para casino de juego, para los doce cupos disponibles a nivel nacional.

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Otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego

El organismo regulador recordó que es importante considerar que, una vez superada la etapa de evaluación técnica, lo que define la adjudicación del permiso para operar un casino de juego, es la oferta económica más alta, la que de acuerdo con el artículo 3° letra k) de la Ley N° 19.995, corresponde al monto de dinero “expresado en unidades de fomento, ofrecido por una sociedad postulante a un permiso de operación o renovación del mismo y recaudado por el Servicio de Tesorerías, que será pagado anualmente a la municipalidad correspondiente a la comuna en que se encuentre ubicado el casino”, según lo establecido en el artículo 25° de la Ley de Casinos de Juego.

Lo anterior, según lo establecido en el artículo 25° de la Ley N° 19.995, el que señala que “Para obtener un permiso de operación se debe alcanzar, al menos, el 60 por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el reglamento y, a su vez, haber presentado la oferta económica más alta. El empate de las ofertas técnicas y económicas deberá ser dirimido conforme a lo establecido en el reglamento”.

Puntajes Evaluación Técnica de Proyectos

COMUNASOCIEDAD POSTULANTEPUNTAJE TOTAL
CalamaLatin Gaming Calama S.A.670,64
CopiapóGran Casino de Copiapó S.A.1.015,00
MostazalSan Francisco Investment S.A.1.025,00
Santa CruzCasino de Colchagua S.A.718,32
TalcaCasino de Juego del Maule S.A.804,35
TalcahuanoMarina del Sol S.A.758,00
Los ÁngelesCasino Gran Los Ángeles S.A.990,00
TemucoCasino de Juegos Temuco S.A.1.015,00
ValdiviaCasino de Juegos Valdivia S.A.1.060,00
OsornoLatin Gaming Osorno S.A.1.030,00
Punta ArenasCasino de Juegos Punta Arenas S.A.
1.015,00

Finalmente, en la sesión del 18 de julio pasado, el Consejo Resolutivo decidió poner término a la evaluación de la propuesta presentada por Marina del Sol Talca S.A., ratificando la propuesta del Comité Técnico de Evaluación de la Superintendencia, lo que consta en Resolución Exenta N° 554 de 25 de julio de 2022. 

La SCJ tomó esa decisión debido a que de los antecedentes aportados por la sociedad operadora no hay certeza de contar efectiva e ininterrumpidamente con la tenencia y uso del inmueble presentado, durante los 15 años de duración del permiso de operación; así como tampoco la viabilidad del programa de ejecución y cronograma de obras en el plazo legal de dos años, junto a la falta de la oportuna disponibilidad del inmueble para iniciarlas en caso de adjudicarse el permiso de operación.

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