Chile: empresario atribuyó los casinos ilegales a una legislación deficiente
El denunciante fue Mario Rojas, director de las Empresas Marina del Sol.
Chile.- El director de Marina del Sol, criticó duramente la legislación y a quienes permiten que funcionen libremente los casinos ilegales en el Gran Concepción. Aseguró que la ley es tan ambigua que no permite fiscalización y fácilmente pueden cometer múltiples delitos tributarios.
El Servicio de Impuestos Internos reconoció que ninguna de las máquinas tragamonedas de los más de 30 mini casinos que están instalados en Concepción cuentan con un contador automático que certifique la cantidad de dinero que ganan, por lo tanto, fácilmente pueden caer en delitos tributarios como la evasión de impuestos o el lavado de dinero.
Sin embargo, la situación en los casinos establecidos es radicalmente opuesta, llegando a pagar casi un 50 por ciento de sus ganancias en impuestos, tal como lo señaló el abogado Mario Rojas, director de las Empresas Marina del Sol. Explicó que existen distintas formas de calcular los ingresos de manera exacta, indicando que cada máquina cuenta con los contadores automáticos -autorizados por la Superintendencia de Casinos- en los tragamonedas.
Mientras tanto, en las mesas de juego se hacen actas de apertura y cierre, fiscalizadas por inspectores y video, y además cada casino paga el IVA y el impuesto a la renta. Esto, sumado al dinero de las entradas que va íntegramente al Fisco. Rojas indicó que la nebulosa que rodea a esta actividad evidencia la deficiente legislación, donde claramente el Estado está fallando, ya que permite que se siga lucrando en la ilegalidad.
Todas estas figuras penales – que existen y tienen pena de cárcel – en la práctica no se aplican debido a la ineficiencia del sistema. Mientras tanto, todavía funcionan una serie de locales de este lucrativo negocio en el Gran Concepción, quienes con autorización municipal, navegan entre la débil normativa que les permite, a vista y paciencia de todo el mundo, aprovecharse de la deficiente legislación.
Como se observa, los casinos autorizados pagan casi la mitad de sus ingresos al Estado, mientras que el rentable negocio de los tragamonedas bajo el alero de la denominación de “juegos de destreza” y envueltos en una ambigua normativa, generan enormes cantidades de dinero, imposibles de calcular o fiscalizar. El experto señaló que son múltiples los delitos tributarios que se configuran con la proliferación de estos “mini casinos”; como por ejemplo, el de juego ilícito, que en la práctica no se aplica, ya que el proceso para comprobarlo es muy complejo, además de la evasión de impuestos u omisión maliciosa de ingresos a tributación, y también se pueden destinar dineros ilícitos a inversiones irregulares que no se pueden fiscalizar.
