Castilla y Leon reduce los requisitos y aportes para comercializar máquinas tragamonedas
Esta medida, impulsada por la Consejería de la Presidencia, busca incentivar la explotación de dichas máquinas y retener a los comercios ya adaptados.
España.- La Junta de Castilla y León prepara una reforma clave en la regulación de las máquinas recreativas tipo B de nueva generación, también conocidas como tragamonedas. La modificación, impulsada por la Consejería de la Presidencia, rebaja los requisitos mínimos para explotar este tipo de sistemas, aunque mantiene sin cambios los límites de premios, las restricciones de ubicación y los mecanismos de control e inspección.
El ajuste más relevante afecta al número mínimo de máquinas necesarias para operar un sistema centralizado. La nueva orden reduce el umbral exigido de 1.536 a 966 máquinas, una rebaja cerca del 37 por ciento.
Según datos oficiales, Castilla y León pasó de casi 13.000 máquinas instaladas en bares a poco más de 8.200, lo que supone una caída de alrededor del 30 por ciento. Desde la Junta reconocen que la evolución del sector, la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo impactaron de lleno en este segmento del juego presencial.
Más margen para los operadores
La reforma también introduce mayor flexibilidad en los plazos de integración de las máquinas al sistema de servidor. El periodo máximo se amplía de tres a cuatro años, y se elimina la obligación de incorporar la mitad de las tragamonedas en el primer tramo. En su lugar, se establece una incorporación progresiva del 25 por ciento anual, para aliviar la carga financiera sobre las empresas.
Otro cambio significativo es la reducción del porcentaje de máquinas que cada operador debe aportar obligatoriamente al sistema. Hasta ahora, la normativa exigía integrar el 100 por ciento, pero con la nueva regulación ese requisito baja al 63 por ciento.
Las empresas que ya operan bajo este esquema también se beneficiarán de la modificación: podrán reducir su aporte al nuevo porcentaje sin necesidad de retirar el resto de las máquinas, siempre que estas sigan activas en el mercado durante al menos un año.
Desde la Consejería de la Presidencia aseguran que la reforma no altera los aspectos más sensibles desde el punto de vista social. Permanecen intactos los límites de premios, las distancias mínimas respecto de centros educativos, las prohibiciones vigentes y los sistemas de control administrativo.
La Junta defiende la modificación como un ajuste “proporcionado” a un escenario muy distinto del que dio origen a la normativa de 2015, cuando el modelo de servidor se presentaba como una apuesta de expansión tecnológica.
