Castilla-La Mancha apunta contra la ludopatía
Las autoridades de Castilla-La Mancha buscan combatir la ludopatía y aprobaron la automatización de los registros sobre dicha problemática.
España.- El juego patológico es una de las grandes preocupaciones de la industria. Por eso, en Castilla-La Mancha buscan combatir la ludopatía y automatizar sus herramientas.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda firmaron un convenio para trabajar conjuntamente. Así, realizarán una interconexión automatizada de sus correspondientes registros de interdicción de acceso al juego.
De esta manera, Castilla-La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma que refuerza esta colaboración interadministrativa con el Estado. Buscan mejorar la herramienta que permite a los ciudadanos solicitar que se les prohiba la entrada a salones de juego.
En su lucha contra la ludopatía, Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma que adopta un acuerdo así. Se trata de articular con Administración central para dar soporte jurídico a la comunicación de sus datos al Estado. Así, la inscripción en su registro autonómico es automática en el RGIAJ estatal y las prohibiciones que implica.
Trabajo por el juego responsable
Las autoridades de España refuerzan sus políticas contra los amaños deportivos, mientras la industria de las apuestas sigue creciendo. Así, la Asociación de Futbolistas Españoles organizó un debate sobre el tema, del que participó la DGOJ.
El evento “fraude y los amaños deportivos” tuvo lugar el pasado 28 de noviembre y se enfocó en el desarrollo de la industria transparente en España. En la clausura del evento, el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, trasladó que desde DGOJ se trabaja en la prevención, detección y, en su caso, colaboración en la persecución de este tipo de conductas que afectan al deporte y a las apuestas. Asimismo, destacó que el desarrollo de un mercado de apuestas regulado y totalmente controlado, en el que todas las transacciones pueden ser trazadas, es una garantía de protección al consumidor en particular y del orden público en general.
