La prohibición de las apuestas en Brasil enciende alertas en Latinoamérica
Referentes de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay cuestionan la Medida Provisional 1.394/2026, analizan los riesgos para la inversión, el avance del mercado ilegal y los desafíos de la regulación del juego en la región.
Datos clave:
- Representantes de la industria y especialistas de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay advierten que la Medida Provisional 1.394/2026 puede afectar la confianza de los inversores y la previsibilidad regulatoria en la región.
- Varios entrevistados sostienen que la prohibición podría desplazar parte de la demanda hacia operadores ilegales, reduciendo los controles de edad, límites de gasto, protección al jugador y prevención del fraude.
- Bárbara Teles, de ABC-BET y AMIG, señala que la eliminación abrupta de una actividad autorizada podría abrir discusiones sobre restitución de pagos y eventuales reclamos indemnizatorios, según las circunstancias de cada caso.
- Los participantes coinciden en que la sostenibilidad de los mercados regulados requiere reglas claras, autoridades independientes, controles efectivos, juego responsable y políticas capaces de trascender los ciclos políticos.
Reporte especial.- La prohibición de las apuestas de cuota fija y los casinos online en Brasil, impulsada mediante la Medida Provisoria 1.394/2026, ha reabierto el debate sobre la estabilidad normativa en Latinoamérica. En un reporte especial de Focus Gaming News, representantes de la industria y especialistas de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay analizan sus posibles efectos sobre la inversión, la protección de los jugadores y el crecimiento del mercado ilegal. Aunque las posturas difieren, varias voces coinciden en que la región necesita marcos regulatorios previsibles, controles eficaces y políticas de juego responsable sostenidas en el tiempo.
Seguridad jurídica: el impacto de cambiar las reglas
Uno de los principales cuestionamientos a la decisión brasileña se relaciona con la confianza de las empresas que invirtieron para cumplir con las exigencias regulatorias. La interrupción de un mercado recientemente formalizado plantea interrogantes sobre la estabilidad de las reglas y las garantías que reciben los operadores cuando obtienen una autorización estatal.
Bárbara Teles, directora de Relaciones Gubernamentales de la Associação Brasileira de Conformidade, Boas Práticas, Ética e Transparência em Apostas (ABC-BET) y fundadora y directora de la Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG), considera que la medida representa una ruptura de gran relevancia institucional.
“Estamos hablando de una actividad legalizada, regulada, sometida a un proceso de autorización complejo y oneroso”, señala Teles. En su análisis, el problema no radica en que el Estado revise sus políticas, sino en que sustituya, en un período muy breve, un sistema regulatorio detallado por una prohibición prácticamente integral.
La representante brasileña también advierte sobre las consecuencias jurídicas para las empresas que pagaron autorizaciones, contrataron personal, desarrollaron estructuras locales e invirtieron en tecnología y certificaciones para cumplir con la normativa. Entre los principios que considera relevantes para el debate menciona la seguridad jurídica, la confianza legítima, la buena fe y la proporcionalidad.
Teles aclara que una autorización no supone un derecho adquirido a que la legislación permanezca inalterada. Sin embargo, distingue entre una reforma progresiva y la eliminación abrupta de una actividad autorizada por el propio Estado. En este último escenario, señala, podrían abrirse discusiones sobre la restitución de pagos y eventuales reclamos indemnizatorios, cuya procedencia dependerá de las circunstancias de cada caso.
Desde México, el Dr. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), también cuestiona el impacto de la decisión sobre la imagen de los mercados latinoamericanos.
Aunque considera que el caso brasileño podría quedar como un episodio específico, advierte que contribuye a proyectar una imagen de inestabilidad. “Cualquier inversión requiere de una seguridad jurídica a largo plazo. Sobre todo cuando los montos en juego y las estructuras necesarias son sustanciales”, sostiene.
Para Ochoa Sánchez, los gobiernos deben comprender la importancia económica de la industria y desarrollar políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales. De lo contrario, advierte, los países corren el riesgo de favorecer la ilegalidad y perder contribuciones fiscales que podrían destinarse a servicios públicos.
En Colombia, Tatiana María Vásquez, abogada especializada en regulación del juego y socia de Vásquez & Asociados, también interpreta lo sucedido como una señal de alerta para la región.
“Mi principal cuestionamiento es la coherencia de la respuesta”, explica. A su juicio, si existen problemas de endeudamiento, salud pública o protección de personas vulnerables, el Estado debe intervenir, pero esa intervención debería identificar las deficiencias concretas y evaluar por qué una prohibición general sería más eficaz que corregirlas dentro del sistema regulado.
Vásquez vincula esta discusión con la experiencia colombiana, donde los cambios tributarios también generaron presión sobre las condiciones económicas de los operadores. Si bien reconoce que modificar las cargas fiscales y prohibir una actividad son situaciones jurídicas diferentes, considera que ambas ilustran la importancia de mantener consistencia entre la decisión de regular y las condiciones impuestas para operar.
“Una política que promueve la formalización pierde coherencia si otras medidas terminan haciendo cada vez más difícil permanecer en ella”, advierte.
El riesgo de favorecer el mercado ilegal
La posibilidad de que los jugadores migren hacia plataformas no autorizadas constituye otro de los principales ejes del debate. El interrogante es si la eliminación de la oferta regulada permite reducir los daños asociados al juego o si, por el contrario, debilita los mecanismos que el Estado utiliza para controlar la actividad.
Ochoa Sánchez sostiene que la prohibición favorece el mercado ilegal y la fuga de capitales. “No es ningún secreto: la prohibición, sea hacia cualquier producto o servicio, favorece siempre el mercado ilegal y la fuga de capitales. Y quien dice ilegalidad, dice indefensión para el consumidor”, dijo y agregó: “AIEJA mantiene la postura de que el fortalecimiento de la industria requiere de un marco jurídico ad hoc, que logre combinar reglas claras y firmes con una suficiente flexibilidad para que los apostadores encuentren mayores beneficios al acercarse a un operador legal”. También considera que la experiencia brasileña debería servir como advertencia para México, donde el sector reclama una legislación más moderna.
Carlos Fonseca, socio gerente de Gaming Law SAC y managing partner de Gaming Law LatAm, firmas especializadas en asesoría legal para la industria del juego y las apuestas online, plantea una crítica aún más contundente a la justificación social de la medida. “Prohibir la oferta legal no elimina la demanda: la desplaza hacia el mercado negro”, afirma el especialista de Perú.
Según Fonseca, ese desplazamiento puede generar consecuencias para distintos actores. El Estado pierde ingresos fiscales, los trabajadores quedan expuestos a la pérdida de empleos y los usuarios pueden quedarse sin mecanismos efectivos para presentar reclamos. Además, advierte que los menores de edad y las personas con problemas de juego podrían quedar expuestos a operadores sin incentivos para aplicar controles ni restricciones.
Desde Uruguay, Luis Gama, secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Operadores y Administradores de Salas de Entretenimiento y Casinos (CUOASEC), ofrece una mirada que pone el foco tanto en los riesgos como en los objetivos de protección social.
Gama considera que una prohibición puede reducir la exposición al juego dentro del mercado regulado, pero advierte sobre la posibilidad de que una parte importante de la demanda se traslade a operadores ilegales, donde no existen los mismos controles de edad, límites de gasto, mecanismos de protección al jugador ni herramientas de prevención del fraude.
En ese escenario, señala, una política concebida para proteger al consumidor podría terminar dejándolo más expuesto. “Más que un caso aislado, debería servir como advertencia para la industria regional sobre la importancia de la estabilidad regulatoria, el cumplimiento y las políticas de juego responsable”, aseguró Gama.
Para el representante uruguayo, el caso brasileño no demuestra necesariamente que vaya a producirse una ola de prohibiciones en Latinoamérica. Sin embargo, sí constituye una advertencia sobre la necesidad de que la industria fortalezca el cumplimiento normativo y las políticas de juego responsable, y demuestre de manera concreta los beneficios sociales de la regulación.
El caso de Chile
La experiencia chilena introduce otro matiz en la discusión: la diferencia entre perseguir una actividad que opera fuera de la legislación vigente y eliminar una oferta que ya cuenta con autorización estatal. Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), considera que lo ocurrido en Brasil genera incertidumbre porque los operadores habían pagado licencias e invertido sobre la base de un marco legal establecido.
No obstante, su análisis se concentra en la obligación de las autoridades de respetar las normas que ellas mismas establecen, independientemente de si el resultado es la prohibición o la regulación de una actividad. “La diferencia debe trazarse, ante todo, a partir de la ley vigente”, afirma Valdés.
La dirigente sostiene que, mientras el juego online no autorizado permanezca fuera del marco legal chileno, corresponde perseguirlo con las herramientas disponibles. Pero si el legislador decide autorizar esa actividad bajo determinadas condiciones, el Estado debe garantizar el cumplimiento del nuevo marco y proteger a quienes hayan obtenido legítimamente una licencia.
“Por eso, la discusión no debiera plantearse como una disyuntiva entre ‘combatir el mercado ilegal’ o ‘eliminar una actividad’. La pregunta fundamental es qué establece la ley y cómo se garantiza efectivamente su cumplimiento”, explica.
Valdés también destaca que una regulación no puede limitarse a establecer quiénes están habilitados para operar y cuánto deben pagar. Debe incorporar medidas de protección al usuario, prevención del juego problemático, protección de menores, publicidad responsable, trazabilidad de los recursos y prevención del lavado de activos.
Para la presidenta ejecutiva de la ACCJ, la experiencia brasileña demuestra que la certeza jurídica debe ir acompañada de controles suficientemente firmes para prevenir las externalidades negativas de la actividad. De lo contrario, la propia legitimidad del sistema puede quedar comprometida.
La dimensión regional: políticas de Estado y continuidad institucional
Más allá de las consecuencias inmediatas para Brasil, los entrevistados coinciden en que el episodio invita a revisar cómo se construyen y sostienen los mercados regulados en Latinoamérica.
Para Teles, la principal lección es que la regulación no debería considerarse una etapa transitoria antes de una eventual prohibición. Por el contrario, entiende que los problemas de publicidad, endeudamiento o protección de personas vulnerables deben abordarse mediante evidencia, fiscalización y políticas proporcionales.
La ejecutiva también subraya que la decisión brasileña puede influir en la evaluación que otros gobiernos e inversores hagan de sus propios marcos regulatorios. Si un mercado autorizado y fiscalizado puede cerrarse en un período tan breve, sostiene, las compañías podrían cuestionar la previsibilidad de las condiciones para invertir no solo en el juego, sino también en otros sectores.
Vásquez coincide en que la regulación necesita una base institucional capaz de trascender a un gobierno. Para ello, propone evaluar el impacto de las reformas antes de implementarlas, coordinar a las autoridades competentes y mantener canales permanentes de participación entre el sector público y los actores de la industria.
También destaca la importancia de demostrar, con datos, los resultados de las herramientas de protección al jugador y explicar qué capacidades de control pueden perderse si la demanda migra hacia plataformas clandestinas.
Gama, por su parte, considera que los mercados latinoamericanos necesitan reglas claras y previsibles, autoridades regulatorias independientes, mecanismos transparentes de participación y revisión, controles efectivos sobre el juego problemático y la publicidad, y una política firme contra la oferta ilegal. “Regular no alcanza: hay que construir un sistema que sea sostenible en el tiempo y capaz de resistir cambios políticos”, resume.
El representante de CUOASEC sostiene que la legitimidad social debe construirse demostrando que la regulación genera beneficios concretos para el Estado y protege al consumidor. Sin esos resultados, advierte, cualquier cambio de gobierno o de clima social puede poner en cuestión el modelo.
Fonseca considera que la estabilidad necesita un respaldo jurídico sólido y mecanismos efectivos de control institucional. En su opinión, cuanto mayor sea la jerarquía de las normas que sustentan la actividad, mayor será su protección frente a decisiones políticas coyunturales. El especialista también defiende la existencia de un tribunal constitucional autónomo capaz de proteger las garantías jurídicas. “De poco sirve tener reglas claras si el poder político puede desconocerlas sin un control efectivo”, sostiene.
“La seguridad jurídica es uno de los principales valores que los gobiernos latinoamericanos de izquierda suelen sacrificar en función de sus intereses políticos. Así de claro y sencillo. Regular una actividad, atraer inversiones y luego pretender prohibirla transmite un mensaje de absoluta desconfianza”, concluyó Fonseca.
Ochoa Sánchez completa esta mirada con un llamado a que los representantes de la industria colaboren con los gobiernos en el diseño de políticas de largo plazo, que permitan proyectar inversiones y sostener un marco normativo más allá de las coyunturas electorales.
