La prohibición de apuestas en Brasil impacta a 42 actividades
La prohibición de apuestas en Brasil amenaza una cadena de 42 actividades económicas, 15.500 empleos y contratos por miles de millones de reales.
Datos clave:
- La prohibición de apuestas afecta directa o indirectamente a 42 actividades económicas.
- La cadena vinculada al sector generó más de 15.500 empleos en 2025.
- Los salarios directos movilizaron R$460m (US$92m) y las cargas sociales R$87m (US$17,4m).
- Las empresas mantienen costos y obligaciones durante al menos cinco años tras el cierre.
- El sector advierte que la prohibición puede desplazar usuarios y dinero hacia operadores ilegales.
Brasil.- Brasil enfrenta un impacto económico que va más allá de las plataformas de apuestas tras la prohibición establecida por la Medida Provisional 1.394/2026. Un estudio encargado por el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) identifica efectos sobre 42 actividades vinculadas, mientras empresas y entidades del sector alertan sobre pérdida de empleos, contratos e inversiones y un posible avance del mercado ilegal.
El informe elaborado por LCA Consultoría revela que el alcance de la restricción compromete de forma directa o indirecta 42 actividades económicas. La cadena de valor del igaming abarca desde el desarrollo de software, la ciberseguridad y los servicios corporativos hasta el marketing, la producción de eventos y el patrocinio a entidades deportivas. Según el estudio, esta red productiva generó el año pasado más de 15.500 empleos, movilizando anualmente unos R$460m (US$92m) en salarios directos y R$87m (US$17,4m) en cargas sociales que ahora quedan expuestos a un paulatino declive en el mediano y largo plazo.
Riesgos de la inseguridad jurídica
Desde el sector regulado subrayan la falta de previsibilidad jurídica como uno de los factores más perjudiciales para las inversiones en el país. Tras haber realizado considerables desembolsos para adaptarse a los estándares de compliance, protección al consumidor y tecnología exigidos por el marco normativo previo, las empresas enfrentan ahora la interrupción repentina de contratos vigentes por miles de millones de reales. Además, el fin de la actividad no exime a las plataformas de mantener estructuras operativas y erogaciones financieras durante al menos cinco años para cumplir con el resguardo de datos y los requerimientos de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), complicando aún más un eventual proceso de reactivación si la medida pierde vigencia.
Por su parte, la Asociación Brasileña de Influencia Digital (ABRID) enfatizó que el cambio regulatorio de tal magnitud golpeó fuertemente a agencias de publicidad, creadores de contenido, medios de comunicación y clubes deportivos. Si bien la organización reconoce la legitimidad de proteger al consumidor frente al endeudamiento y resguardar a los menores de edad, sostiene que la fiscalización, la educación y el combate riguroso a los operadores clandestinos hubieran resultado vías mucho más efectivas que la prohibición absoluta.
Más aún, según señalan, a la preocupación por la pérdida de empleo y la ruptura de cadenas de suministro tecnológicas se suma el peligro del traspaso del mercado hacia la informalidad. La extinción del sector regulado no elimina la demanda de los usuarios, sino que deriva los flujos financieros y de audiencia hacia plataformas ilegales sin licencia, tributación ni mecanismos de juego responsable, agravando el cuadro económico e institucional que la normativa pretendía abordar.
