Brasil lanza una campaña oficial para explicar la prohibición de los mercados de predicción
La medida, que entra en vigor el 4 de mayo, considera ilegales estas plataformas por su vínculo con las apuestas y apunta a frenar riesgos como el endeudamiento y la manipulación de eventos.
Brasil.- El gobierno federal de Brasil lanzó una campaña en video para informar a la población sobre la prohibición de los mercados de predicción, plataformas en las que los usuarios apuestan sobre resultados futuros como elecciones, eventos deportivos o incluso decisiones personales.
Según el material oficial, estos sitios son considerados apuestas ilegales en el país. La publicación argumenta que este tipo de plataformas amplifica riesgos ya presentes en las apuestas tradicionales, pero además incluye cuestionamientos éticos vinculados a decisiones políticas o situaciones individuales, aspectos por los que estos mercados, muchas veces, aceptan predicciones.
La campaña se difundió tras la aprobación de una resolución del Consejo Monetario Nacional (CMN), que prohíbe la oferta y negociación de contratos de predicción sobre una amplia variedad de temas, incluidos deportes, política, entretenimiento y cuestiones sociales. La normativa comenzará a regir el 4 de mayo y, según las autoridades, no afectará a las casas de apuestas deportivas que ya operan con autorización en el país.
En la práctica, la medida impide que plataformas internacionales ofrezcan este tipo de servicios en Brasil, especialmente aquellas que operaban bajo esquemas similares a mercados financieros, pero sin cumplir con la regulación local. El gobierno sostiene que muchas de estas empresas funcionaban, en realidad, como sitios de apuestas encubiertos.
Como parte del endurecimiento de los controles sobre el juego en línea, las autoridades informaron el bloqueo de decenas de miles de sitios web y aplicaciones vinculadas a operaciones irregulares, así como la prohibición de varias empresas que actuaban en el mercado de predicciones. Además, se realizaron más de mil notificaciones y se cerraron cientos de cuentas sospechosas.
Desde el Ejecutivo, la decisión fue presentada como una “victoria de la sociedad” y una medida orientada a reforzar la protección de los usuarios frente a prácticas consideradas ilegales o potencialmente perjudiciales.
