Brasil: la Comisión de Justicia pospuso nuevamente la votación del Proyecto de Ley 2.234/22
Si bien estaba confirmado como el segundo ítem a tratar por la comisión, la propuesta finalmente fue retirada del orden del día y sumó una nueva demora en su debate. La próxima fecha de votación será el 5 de junio.
Brasil.- El análisis del Proyecto de Ley 2.234/22, el cual permite la operación de casinos y bingos, legaliza los juegos de azar y las apuestas de carreras de caballos en Brasil, fue nuevamente pospuesto por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado. La propuesta, cuya votación estaba prevista para el día de ayer, 15 de mayo, fue retirada del orden del día por el presidente de la CCJ, Davi Alcolumbre.
Como estrategia, el vicepresidente de la CCJ, Marcos Rogério, afirmó que no sería apropiado votar el proyecto en ausencia del relator, Irajá Silvestre. Así, se decidió que la propuesta vuelva a la agenda de la comisión el próximo miércoles 22 de mayo. Si hay una solicitud de revisión, el proyecto se discutirá en la próxima reunión, el 29 de mayo. Debido al feriado de Corpus Christi y la sesión remota, se acordó que el PL 2234/22 será votado el próximo 5 de junio.
La propuesta autoriza el funcionamiento de casinos, bingos, legaliza los juegos de azar y permite el bingo en los hipódromos y su tratamiento en comisión ya ha sido postergado dos veces en los últimos seis meses.
La propuesta ya cuenta con el dictamen favorable del senador relator Irajá Silvestre. El texto autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.
Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años. También establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700,000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.
En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.
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Si la CCJ aprueba el PL 2234/22, la propuesta pasará al pleno del Senado. Si hay un cambio en el texto, el asunto vuelve a la Cámara, pero si no hay cambio, el proyecto pasa a la aprobación presidencial.
En su informe, Irajá descartó como “concepto jurídico indeterminado” el de la ofensa a la moral y a las buenas costumbres, utilizado como argumento contra los juegos de azar, y destacó que el proyecto trata de pasar al control del Estado una práctica que hoy constituye una contravención. Citando estadísticas sobre el mercado de apuestas legales o ilegales, Irajá concluye que “los juegos de azar ya constituyen una actividad económica relevante”.
