Brasil corrige el decreto que refuerza el combate a las apuestas ilegales y ajusta artículos clave del régimen de bloqueo y decomiso de bienes
El Gobierno republicó tres artículos del Decreto 13.033/2026 en el Diario Oficial, tras detectar errores en la versión original, y precisó el funcionamiento del sistema de identificación, bloqueo financiero y recursos administrativos contra operadores no autorizados.
Brasil.- El Gobierno federal de Brasil publicó una versión corregida del Decreto nº 13.033/2026, norma que refuerza el marco de actuación del Estado para combatir a los operadores de apuestas de cuota fija que operan sin autorización. La modificación alcanza a tres artículos del texto original (el 4º, 15 y 17) y busca subsanar incorrecciones detectadas en la publicación inicial del 19 de junio.
El decreto reglamenta el artículo 21-A de la Ley nº 14.790/2023 y consolida los procedimientos para la identificación de operadores irregulares, el bloqueo de cuentas bancarias, la interrupción de transacciones financieras y la eventual declaración de decomiso de bienes en favor del Estado. La medida forma parte de la estrategia federal para desarticular financieramente el mercado ilegal.
Con la nueva redacción, el artículo 4º detalla el contenido obligatorio del auto de constatación de irregularidad que debe emitir la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) cuando detecta actividad no autorizada. Ese documento deberá incluir la identificación del operador (CPF o CNPJ), la descripción de las irregularidades, los dominios, sitios o aplicaciones utilizados, las instituciones financieras involucradas, el registro de transacciones detectadas, la base legal del bloqueo y los plazos para ejercer la defensa.
Además, se establece que la SPA podrá complementar la instrucción del expediente con información del Banco Central, la Receita Federal, el Ministerio Público y las fuerzas policiales, siempre que no esté protegida por sigilo.
Los artículos 15 y 17 regulan las etapas posteriores del proceso administrativo. El primero fija un plazo de diez días para la presentación de recursos ante el ministro de Justicia y Seguridad Pública contra la decisión que determine el decomiso de bienes. El artículo 17, en tanto, establece que, una vez agotada la vía administrativa, el caso será remitido a la Abogacía General de la Unión (AGU) para iniciar la acción judicial correspondiente, tras lo cual los activos pasarán a la Unión.
El esquema se integra a un sistema más amplio que prevé la actuación coordinada de la SPA, el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional, además de la intervención de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública en la tramitación de los procesos. Las instituciones financieras, por su parte, deben ejecutar bloqueos en un plazo de 24 horas y reportar el cumplimiento en las 48 horas siguientes.
Según lo establecido por el Gobierno, los fondos finalmente decomisados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de financiar políticas de prevención y combate al delito, incluyendo acciones contra operaciones ilegales de apuestas.
La corrección del decreto fue firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el ministro de la Casa Civil, Dario Durigan, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, y reemplaza la versión publicada originalmente el 19 de junio.
