El IBJR y la ANJL apoyan el decreto federal que apunta a combatir las operaciones ilegales de juego online
Las entidades que representan al sector regulado en Brasil respaldaron la medida del Gobierno, al considerar que fortalece el mercado legal, protege a los consumidores y refuerza el combate contra la oferta ilegal de apuestas online.
Brasil.- La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), dos de las principales entidades que representan al mercado regulado de apuestas de cuota fija en Brasil, manifestaron su apoyo al decreto del Gobierno federal destinado a intensificar el combate contra las operaciones de juego ilegal.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que amplía las herramientas de fiscalización y represión contra las plataformas de apuestas online sin autorización en el país. La medida habilita el bloqueo de cuentas bancarias, la interrupción de transacciones financieras y el decomiso de bienes de empresas que operen sin licencia, como parte de una estrategia para desarticular su estructura económica.
La ANJL recordó declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima, quien estimó que alrededor de 25,2 millones de brasileños utilizan sitios de apuestas sin licencia.
El presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, consideró que el decreto representa un nuevo avance en la protección del mercado regulado. Señaló que la industria clandestina expone a los consumidores a riesgos, evade impuestos y genera competencia desleal frente a las empresas que cumplen con las exigencias regulatorias del país. En ese sentido, afirmó que las nuevas medidas constituyen un paso importante para consolidar un entorno regulado más sólido.
Lemos Jorge también destacó que los avances recientes en materia de fiscalización son resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la propia ANJL. Esa cooperación permitió desarrollar un laboratorio de monitoreo e inteligencia para analizar la actividad de operadores ilegales en el país.
Asimismo, subrayó que el combate contra el juego ilegal es un desafío permanente, ya que las operaciones clandestinas utilizan tecnología avanzada y se adaptan rápidamente, lo que exige políticas de control continuas y coordinadas.
En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento de la fiscalización no solo debilita a los operadores ilegales, sino que también favorece la migración de usuarios hacia plataformas reguladas, mejorando la protección del consumidor y el equilibrio del mercado.
Por su parte, el IBJR también expresó su apoyo al Decreto N.º 13.033/2026 y a la Ordenanza N.º 1.766/2026. En un comunicado, el instituto afirmó que la consolidación de un mercado regulado y saludable en Brasil requiere el debilitamiento y la reducción de las operaciones clandestinas. Según datos citados por la entidad, el mercado ilegal mueve aproximadamente R$40.000m (US$7.700m) al año y genera pérdidas fiscales estimadas en R$10.800m (US$2.100m) anuales.
El IBJR agregó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la recaudación pública, mejorar la seguridad de los usuarios, proteger a los operadores que cumplen la normativa y promover la integridad y sostenibilidad del sector, considerado uno de los más modernos en materia regulatoria a nivel global.
Cómo funcionará el bloqueo de operaciones
El decreto establece que la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, será la encargada de identificar a los operadores irregulares y formalizar las infracciones mediante un acta de constatación.
Una vez emitido ese documento, las entidades financieras y de pago deberán bloquear en un plazo de hasta 24 horas los fondos vinculados a estas operaciones e interrumpir cualquier transacción relacionada. El cumplimiento de la medida deberá ser informado a la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas.
El Banco Central supervisará el proceso, mientras que una futura resolución del Consejo Monetario Nacional (CMN) definirá los procedimientos operativos para el bloqueo de cuentas y la retención de fondos.
Los procesos administrativos estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Durante la tramitación, la Senasp podrá solicitar documentación, realizar investigaciones y reunir pruebas, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso.
El ministro Wellington Lima destacó que la medida permitirá destinar recursos vinculados a operaciones ilegales a iniciativas del programa “Brasil Contra el Crimen Organizado”.
Los fondos bloqueados que sean declarados perdidos al final del proceso serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de financiar acciones de prevención y combate del delito, incluidas aquellas dirigidas a las propias redes de apuestas ilegales.
Las cuentas permanecerán bloqueadas hasta que se realice el depósito judicial de los valores. Además, la Abogacía General de la Unión (AGU) podrá solicitar medidas adicionales ante la Justicia para garantizar la preservación de los recursos durante los procedimientos.
