Apuestas deportivas en Brasil: la Comisión de Deportes del Senado analiza restricciones a la publicidad
La CEsp se reunirá mañana, miércoles 12 de marzo, para analizar el proyecto de ley 2.985.
Brasil.- La Comisión de Deportes (CEsp) del Senado se reunirá mañana, miércoles 12 de marzo, para analizar el proyecto de ley 2.985, que prohíbe la publicidad de las apuestas deportivas. El autor del proyecto es el senador Styvenson Valentim.
El senador sostiene que el Legislativo debe actuar para establecer límites a la actividad. «La propuesta se justifica ante el cambio brusco en el perfil de los apostadores, ahora compuesto principalmente por jóvenes, que tienen al alcance de la mano, con un solo clic, la posibilidad de realizar apuestas sin ninguna barrera a comportamientos impulsivos», afirmó Styvenson Valentim.
El proyecto cuenta con el informe favorable del senador Carlos Portinho, quien presentó una enmienda que establece límites a la publicidad. Entre ellos se encuentran la restricción de horarios de televisión y radio, la prohibición de su difusión a través de medios impresos o electrónicos, incluido Internet, y la prohibición de la participación de deportistas, artistas, influencers, autoridades y otras personalidades que puedan influir en el público o incentivar las apuestas.
«La publicidad desenfrenada en este sector hace creer a los espectadores que, con un golpe de suerte, obtendrán la independencia financiera. La realidad ha demostrado el empobrecimiento aún más pronunciado de los segmentos económicamente más vulnerables de la población», advierte el informe.
La CEsp enviará la propuesta a la Comisión de Comunicación y Derecho Digital (CCDD), responsable de la decisión final sobre el tema.
En tanto, un proyecto de ley presentado por el diputado federal Kim Kataguiri busca incluir en el Código Penal Brasileño el delito de promoción de juegos de azar ilegales, con el objetivo de castigar a quienes divulguen sitios de apuestas ilegales o plataformas no autorizadas para operar en el país.
La propuesta, que ya se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, busca establecer penas de uno a cuatro años de prisión, además de una multa, para los condenados.
