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- El Ministerio de Hacienda defendi\u00f3 la prohibici\u00f3n de las apuestas de cuota fija y reconoci\u00f3 que el sistema de licencias mejor\u00f3 la supervisi\u00f3n, aunque consider\u00f3 insuficientes las herramientas para contener efectos sociales y econ\u00f3micos.<\/li>\n\n\n\n
- Seg\u00fan el Gobierno, los jugadores transfirieron alrededor de R$62.000m (US$11.000 m) al sector y la probabilidad de incumplimiento financiero aumenta casi un 40 por ciento al comenzar a apostar.<\/li>\n\n\n\n
- ABLE cit\u00f3 datos oficiales: los ingresos de las apuestas representan menos del 0,5 por ciento del consumo de los hogares y el sector aport\u00f3 R$9.95bn (US$1.81bn) en impuestos federales y R$4.53bn (US$828m) en otras cargas durante 2025.<\/li>\n\n\n\n
- Luiz Fux reiter\u00f3 su posici\u00f3n personal contraria a las apuestas, pero enfatiz\u00f3 la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, y mencion\u00f3 la posible modulaci\u00f3n de efectos de una eventual declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad.<\/li>\n\n\n\n
- ABERT inform\u00f3 que las denuncias por publicidad de apuestas ilegales pasaron de un promedio de 2,3 por d\u00eda antes de la medida a 8,5 despu\u00e9s de su entrada en vigor.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Resumen:<\/strong> La audiencia p\u00fablica del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre la prohibici\u00f3n de las apuestas online dej\u00f3 expuestas las posiciones enfrentadas del Gobierno federal y las organizaciones del sector. El Ministerio de Hacienda defendi\u00f3 la interrupci\u00f3n de la actividad, aunque reconoci\u00f3 avances del sistema regulado, mientras las asociaciones cuestionaron las cifras oficiales, advirtieron sobre el crecimiento del mercado ilegal y plantearon alternativas de control estatal. El ministro Luiz Fux, relator de las acciones, subray\u00f3 la necesidad de preservar la seguridad jur\u00eddica de quienes invirtieron y operaron bajo el marco anterior.<\/p>\n\n\n\n
Brasil.- La audiencia p\u00fablica convocada por el Supremo Tribunal Federal (STF)<\/a> de Brasil para analizar la prohibici\u00f3n de las apuestas online dej\u00f3 expuestas las posiciones enfrentadas del Gobierno federal y las organizaciones que buscan revertir la medida. Durante la segunda parte de la sesi\u00f3n del 3 de noviembre, el Ministerio de Hacienda defendi\u00f3 la decisi\u00f3n de interrumpir la actividad, aunque reconoci\u00f3 que el sistema de regulaci\u00f3n y licencias implementado anteriormente hab\u00eda representado un avance significativo para el Estado.<\/p>\n\n\n\n
El debate se desarroll\u00f3 bajo la conducci\u00f3n del ministro Luiz Fux<\/strong>, relator de las ocho acciones de inconstitucionalidad vinculadas con la Medida Provisional (MP) 1.394\/2026, que prohibi\u00f3 las apuestas de cuota fija, incluidos los casinos online, en Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Mientras el Ejecutivo argument\u00f3 que la regulaci\u00f3n no hab\u00eda conseguido contener los potenciales da\u00f1os asociados al juego, las entidades contrarias a la prohibici\u00f3n cuestionaron las cifras oficiales, advirtieron sobre las consecuencias de eliminar el mercado autorizado y plantearon alternativas para mantener la actividad bajo control estatal.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n tambi\u00e9n estuvo atravesada por las declaraciones de Fux al comienzo de la audiencia. El magistrado reiter\u00f3 su posici\u00f3n personal contraria a las apuestas, pero subray\u00f3 que la interrupci\u00f3n de una actividad previamente autorizada por el propio Gobierno debe analizarse a la luz de la seguridad jur\u00eddica y de la confianza leg\u00edtima de quienes invirtieron y operaron bajo ese marco regulatorio.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno reconoci\u00f3 los avances de la regulaci\u00f3n, pero defendi\u00f3 la prohibici\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La representaci\u00f3n del Ministerio de Hacienda sostuvo que el proceso de autorizaci\u00f3n de operadores hab\u00eda permitido mejorar la supervisi\u00f3n estatal, fortalecer el combate contra las plataformas ilegales e incorporar herramientas de protecci\u00f3n para los usuarios.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, consider\u00f3 que esos mecanismos no fueron suficientes para contener los efectos negativos de la actividad. Entre los argumentos presentados, el organismo estim\u00f3 que los jugadores transfirieron alrededor de R$62bn (US$11bn) al sector y afirm\u00f3 que la probabilidad de incumplimiento financiero aumenta casi un 40 por ciento cuando una persona comienza a apostar.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, las cifras presentadas por el Ministerio no estuvieron acompa\u00f1adas de fuentes espec\u00edficas durante la exposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El argumento central del Gobierno fue que, aunque el sistema de licencias hab\u00eda mejorado la capacidad de fiscalizaci\u00f3n, la existencia de un mercado regulado no garantizaba que pudieran evitarse los da\u00f1os asociados a las apuestas.<\/p>\n\n\n\n
Las asociaciones cuestionaron las cifras econ\u00f3micas del Ejecutivo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n Brasile\u00f1a por la Libertad Econ\u00f3mica (ABLE) utiliz\u00f3 datos oficiales para cuestionar los argumentos econ\u00f3micos del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n sostuvo que los ingresos de las apuestas representaban menos del 0,5 por ciento del consumo de los hogares brasile\u00f1os<\/strong>. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 la estimaci\u00f3n gubernamental sobre el impacto negativo de las apuestas en el PIB y afirm\u00f3 que el c\u00e1lculo presentado era matem\u00e1ticamente inconsistente.<\/p>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n gener\u00f3 uno de los primeros aplausos de la audiencia. ABLE tambi\u00e9n record\u00f3 los ingresos fiscales que produjo el mercado regulado. Seg\u00fan los datos oficiales citados por la asociaci\u00f3n, durante 2025 el sector aport\u00f3 R$9.95bn (US$1.81bn) en impuestos federales y otros R$4.53bn (US$828m) en cargas y contribuciones legales.<\/p>\n\n\n\n
Las cifras fueron utilizadas para cuestionar el costo econ\u00f3mico de la prohibici\u00f3n y advertir sobre los recursos que el Estado dejar\u00eda de percibir al eliminar la actividad autorizada.<\/p>\n\n\n\n
AIGaming propuso utilizar el modelo de Caixa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n Internacional de Gaming (AIGaming), que representa a operadores, present\u00f3 una alternativa para mantener las apuestas de cuota fija dentro de un sistema de supervisi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Su planteo tom\u00f3 como referencia el modelo de las loter\u00edas federales administradas por Caixa Econ\u00f4mica Federal, el banco estatal brasile\u00f1o. La entidad pregunt\u00f3 por qu\u00e9 no pod\u00eda aplicarse un esquema similar a las apuestas deportivas y los casinos online, incluso mediante la participaci\u00f3n directa de Caixa.<\/p>\n\n\n\n
Durante su intervenci\u00f3n, el representante de AIGaming retom\u00f3 una reflexi\u00f3n de Magno Jos\u00e9, presidente del Instituto Brasile\u00f1o de Juego Legal (IJL), sobre el eje central de la discusi\u00f3n: qui\u00e9n debe controlar la actividad, el Estado o la ilegalidad<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta busc\u00f3 mostrar que la discusi\u00f3n no necesariamente deb\u00eda limitarse a mantener o eliminar las apuestas, sino que tambi\u00e9n pod\u00eda contemplar modelos alternativos de explotaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n
En el mismo espacio de intervenci\u00f3n conjunta con las asociaciones de loter\u00edas, la Asociaci\u00f3n Nacional de Juegos y Loter\u00edas (ANJL) reconoci\u00f3 que no existe un derecho constitucional a explotar apuestas, pero sostuvo que m\u00e1s de 20 a\u00f1os de prohibici\u00f3n no hab\u00edan conseguido eliminar la actividad ilegal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Los municipios cuestionaron la constitucionalidad de la MP<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n Nacional de Alcaldes y Vicealcaldes (ANPV), que present\u00f3 su propia acci\u00f3n judicial contra la medida (ADI 8.028)<\/a>, centr\u00f3 sus argumentos en las competencias federales y estatales y en los requisitos constitucionales para aprobar una medida provisional.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n sostuvo que la MP 1.394\/2026 vulnera el pacto federal<\/strong> al extinguir las concesiones de loter\u00edas estatales, cuya legalidad hab\u00eda sido reconocida por el STF en 2020.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que el Ejecutivo recurriera a una medida provisional, que exige condiciones de relevancia y urgencia, cuando la decisi\u00f3n fue firmada apenas nueve d\u00edas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa conveniencia electoral no es urgencia constitucional<\/strong>\u00bb, fue uno de los argumentos presentados por la asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La ANPV tambi\u00e9n cuestion\u00f3 las consecuencias econ\u00f3micas para las empresas que hab\u00edan obtenido autorizaciones y pagado R$30m (US$5.4m) por sus licencias, que quedaron sin efecto sin un mecanismo de devoluci\u00f3n. La entidad consider\u00f3 que esa situaci\u00f3n tiene un car\u00e1cter confiscatorio.<\/p>\n\n\n\n
IBJR advirti\u00f3 sobre el crecimiento del mercado ilegal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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