B\u00e1rbara Teles<\/strong>, directora de Relaciones Gubernamentales de la Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de Conformidade, Boas Pr\u00e1ticas, \u00c9tica e Transpar\u00eancia em Apostas (ABC-BET) y fundadora y directora de la Associa\u00e7\u00e3o de Mulheres da Ind\u00fastria do Gaming (AMIG), considera que la medida representa una ruptura de gran relevancia institucional.<\/p>\n\n\n\n\u201cEstamos hablando de una actividad legalizada, regulada, sometida a un proceso de autorizaci\u00f3n complejo y oneroso\u201d, se\u00f1ala Teles. En su an\u00e1lisis, el problema no radica en que el Estado revise sus pol\u00edticas, sino en que sustituya, en un per\u00edodo muy breve, un sistema regulatorio detallado por una prohibici\u00f3n pr\u00e1cticamente integral.<\/p>\n\n\n\n
La representante brasile\u00f1a tambi\u00e9n advierte sobre las consecuencias jur\u00eddicas para las empresas que pagaron autorizaciones, contrataron personal, desarrollaron estructuras locales e invirtieron en tecnolog\u00eda y certificaciones para cumplir con la normativa. Entre los principios que considera relevantes para el debate menciona la seguridad jur\u00eddica, la confianza leg\u00edtima, la buena fe y la proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n
Teles aclara que una autorizaci\u00f3n no supone un derecho adquirido a que la legislaci\u00f3n permanezca inalterada. Sin embargo, distingue entre una reforma progresiva y la eliminaci\u00f3n abrupta de una actividad autorizada por el propio Estado. En este \u00faltimo escenario, se\u00f1ala, podr\u00edan abrirse discusiones sobre la restituci\u00f3n de pagos y eventuales reclamos indemnizatorios, cuya procedencia depender\u00e1 de las circunstancias de cada caso.<\/p>\n\n\n\n
Desde M\u00e9xico, el Dr. Miguel \u00c1ngel Ochoa S\u00e1nchez<\/strong>, presidente ejecutivo de la Asociaci\u00f3n de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en M\u00e9xico (AIEJA), tambi\u00e9n cuestiona el impacto de la decisi\u00f3n sobre la imagen de los mercados latinoamericanos.<\/p>\n\n\n\nAunque considera que el caso brasile\u00f1o podr\u00eda quedar como un episodio espec\u00edfico, advierte que contribuye a proyectar una imagen de inestabilidad. \u201cCualquier inversi\u00f3n requiere de una seguridad jur\u00eddica a largo plazo. Sobre todo cuando los montos en juego y las estructuras necesarias son sustanciales\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n
Para Ochoa S\u00e1nchez, los gobiernos deben comprender la importancia econ\u00f3mica de la industria y desarrollar pol\u00edticas p\u00fablicas que trasciendan los ciclos electorales. De lo contrario, advierte, los pa\u00edses corren el riesgo de favorecer la ilegalidad y perder contribuciones fiscales que podr\u00edan destinarse a servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
En Colombia, Tatiana Mar\u00eda V\u00e1squez<\/strong>, abogada especializada en regulaci\u00f3n del juego y socia de V\u00e1squez & Asociados, tambi\u00e9n interpreta lo sucedido como una se\u00f1al de alerta para la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\u201cMi principal cuestionamiento es la coherencia de la respuesta\u201d, explica. A su juicio, si existen problemas de endeudamiento, salud p\u00fablica o protecci\u00f3n de personas vulnerables, el Estado debe intervenir, pero esa intervenci\u00f3n deber\u00eda identificar las deficiencias concretas y evaluar por qu\u00e9 una prohibici\u00f3n general ser\u00eda m\u00e1s eficaz que corregirlas dentro del sistema regulado.<\/p>\n\n\n\n
V\u00e1squez vincula esta discusi\u00f3n con la experiencia colombiana, donde los cambios tributarios tambi\u00e9n generaron presi\u00f3n sobre las condiciones econ\u00f3micas de los operadores. Si bien reconoce que modificar las cargas fiscales y prohibir una actividad son situaciones jur\u00eddicas diferentes, considera que ambas ilustran la importancia de mantener consistencia entre la decisi\u00f3n de regular y las condiciones impuestas para operar.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUna pol\u00edtica que promueve la formalizaci\u00f3n pierde coherencia si otras medidas terminan haciendo cada vez m\u00e1s dif\u00edcil permanecer en ella\u201d, advierte.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de favorecer el mercado ilegal<\/h2>\n\n\n\n
La posibilidad de que los jugadores migren hacia plataformas no autorizadas constituye otro de los principales ejes del debate. El interrogante es si la eliminaci\u00f3n de la oferta regulada permite reducir los da\u00f1os asociados al juego o si, por el contrario, debilita los mecanismos que el Estado utiliza para controlar la actividad.<\/p>\n\n\n\n
Ochoa S\u00e1nchez sostiene que la prohibici\u00f3n favorece el mercado ilegal y la fuga de capitales<\/strong>. \u201cNo es ning\u00fan secreto: la prohibici\u00f3n, sea hacia cualquier producto o servicio, favorece siempre el mercado ilegal y la fuga de capitales. Y quien dice ilegalidad, dice indefensi\u00f3n para el consumidor\u201d, dijo y agreg\u00f3: \u201cAIEJA mantiene la postura de que el fortalecimiento de la industria requiere de un marco jur\u00eddico ad hoc, que logre combinar reglas claras y firmes con una suficiente flexibilidad para que los apostadores encuentren mayores beneficios al acercarse a un operador legal\u201d. Tambi\u00e9n considera que la experiencia brasile\u00f1a deber\u00eda servir como advertencia para M\u00e9xico, donde el sector reclama una legislaci\u00f3n m\u00e1s moderna.<\/p>\n\n\n\nCarlos Fonseca<\/strong>, socio gerente de Gaming Law SAC y managing partner de Gaming Law LatAm, firmas especializadas en asesor\u00eda legal para la industria del juego y las apuestas online, plantea una cr\u00edtica a\u00fan m\u00e1s contundente a la justificaci\u00f3n social de la medida. \u201cProhibir la oferta legal no elimina la demanda: la desplaza hacia el mercado negro\u201d, afirma el especialista de Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\nSeg\u00fan Fonseca, ese desplazamiento puede generar consecuencias para distintos actores. El Estado pierde ingresos fiscales, los trabajadores quedan expuestos a la p\u00e9rdida de empleos y los usuarios pueden quedarse sin mecanismos efectivos para presentar reclamos<\/strong>. Adem\u00e1s, advierte que los menores de edad y las personas con problemas de juego podr\u00edan quedar expuestos a operadores sin incentivos para aplicar controles ni restricciones.<\/p>\n\n\n\nDesde Uruguay, Luis Gama<\/strong>, secretario ejecutivo de la C\u00e1mara Uruguaya de Operadores y Administradores de Salas de Entretenimiento y Casinos (CUOASEC), ofrece una mirada que pone el foco tanto en los riesgos como en los objetivos de protecci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\nGama considera que una prohibici\u00f3n puede reducir la exposici\u00f3n al juego dentro del mercado regulado, pero advierte sobre la posibilidad de que una parte importante de la demanda se traslade a operadores ilegales, donde no existen los mismos controles de edad, l\u00edmites de gasto, mecanismos de protecci\u00f3n al jugador ni herramientas de prevenci\u00f3n del fraude.<\/p>\n\n\n\n
En ese escenario, se\u00f1ala, una pol\u00edtica concebida para proteger al consumidor podr\u00eda terminar dej\u00e1ndolo m\u00e1s expuesto. \u201cM\u00e1s que un caso aislado, deber\u00eda servir como advertencia para la industria regional sobre la importancia de la estabilidad regulatoria<\/strong>, el cumplimiento y las pol\u00edticas de juego responsable\u201d, asegur\u00f3 Gama.<\/p>\n\n\n\nPara el representante uruguayo, el caso brasile\u00f1o no demuestra necesariamente que vaya a producirse una ola de prohibiciones en Latinoam\u00e9rica. Sin embargo, s\u00ed constituye una advertencia sobre la necesidad de que la industria fortalezca el cumplimiento normativo y las pol\u00edticas de juego responsable, y demuestre de manera concreta los beneficios sociales de la regulaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
El caso de Chile<\/h2>\n\n\n\n
La experiencia chilena introduce otro matiz en la discusi\u00f3n: la diferencia entre perseguir una actividad que opera fuera de la legislaci\u00f3n vigente y eliminar una oferta que ya cuenta con autorizaci\u00f3n estatal. Cecilia Vald\u00e9s<\/strong>, presidenta ejecutiva de la Asociaci\u00f3n Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), considera que lo ocurrido en Brasil genera incertidumbre porque los operadores hab\u00edan pagado licencias e invertido sobre la base de un marco legal establecido.<\/p>\n\n\n\nNo obstante, su an\u00e1lisis se concentra en la obligaci\u00f3n de las autoridades de respetar las normas que ellas mismas establecen<\/strong>, independientemente de si el resultado es la prohibici\u00f3n o la regulaci\u00f3n de una actividad. \u201cLa diferencia debe trazarse, ante todo, a partir de la ley vigente\u201d, afirma Vald\u00e9s.<\/p>\n\n\n\nLa dirigente sostiene que, mientras el juego online no autorizado permanezca fuera del marco legal chileno, corresponde perseguirlo con las herramientas disponibles. Pero si el legislador decide autorizar esa actividad bajo determinadas condiciones, el Estado debe garantizar el cumplimiento del nuevo marco y proteger a quienes hayan obtenido leg\u00edtimamente una licencia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor eso, la discusi\u00f3n no debiera plantearse como una disyuntiva entre \u2018combatir el mercado ilegal\u2019 o \u2018eliminar una actividad\u2019. La pregunta fundamental es qu\u00e9 establece la ley y c\u00f3mo se garantiza efectivamente su cumplimiento\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n
Vald\u00e9s tambi\u00e9n destaca que una regulaci\u00f3n no puede limitarse a establecer qui\u00e9nes est\u00e1n habilitados para operar y cu\u00e1nto deben pagar. Debe incorporar medidas de protecci\u00f3n al usuario, prevenci\u00f3n del juego problem\u00e1tico, protecci\u00f3n de menores, publicidad responsable, trazabilidad de los recursos y prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
Para la presidenta ejecutiva de la ACCJ, la experiencia brasile\u00f1a demuestra que la certeza jur\u00eddica debe ir acompa\u00f1ada de controles suficientemente firmes para prevenir las externalidades negativas de la actividad. De lo contrario, la propia legitimidad del sistema puede quedar comprometida.<\/p>\n\n\n\n
La dimensi\u00f3n regional: pol\u00edticas de Estado y continuidad institucional<\/h2>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de las consecuencias inmediatas para Brasil, los entrevistados coinciden en que el episodio invita a revisar c\u00f3mo se construyen y sostienen los mercados regulados<\/strong> en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\nPara Teles, la principal lecci\u00f3n es que la regulaci\u00f3n no deber\u00eda considerarse una etapa transitoria antes de una eventual prohibici\u00f3n. Por el contrario, entiende que los problemas de publicidad, endeudamiento o protecci\u00f3n de personas vulnerables deben abordarse mediante evidencia, fiscalizaci\u00f3n y pol\u00edticas proporcionales.<\/p>\n\n\n\n
La ejecutiva tambi\u00e9n subraya que la decisi\u00f3n brasile\u00f1a puede influir en la evaluaci\u00f3n que otros gobiernos e inversores hagan de sus propios marcos regulatorios. Si un mercado autorizado y fiscalizado puede cerrarse en un per\u00edodo tan breve, sostiene, las compa\u00f1\u00edas podr\u00edan cuestionar la previsibilidad de las condiciones para invertir no solo en el juego, sino tambi\u00e9n en otros sectores.<\/p>\n\n\n\n
V\u00e1squez coincide en que la regulaci\u00f3n necesita una base institucional capaz de trascender a un gobierno<\/strong>. Para ello, propone evaluar el impacto de las reformas antes de implementarlas, coordinar a las autoridades competentes y mantener canales permanentes de participaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y los actores de la industria.<\/p>\n\n\n\nTambi\u00e9n destaca la importancia de demostrar, con datos, los resultados de las herramientas de protecci\u00f3n al jugador y explicar qu\u00e9 capacidades de control pueden perderse si la demanda migra hacia plataformas clandestinas.<\/p>\n\n\n\n
Gama, por su parte, considera que los mercados latinoamericanos necesitan reglas claras y previsibles<\/strong>, autoridades regulatorias independientes, mecanismos transparentes de participaci\u00f3n y revisi\u00f3n, controles efectivos sobre el juego problem\u00e1tico y la publicidad, y una pol\u00edtica firme contra la oferta ilegal. \u201cRegular no alcanza: hay que construir un sistema que sea sostenible en el tiempo y capaz de resistir cambios pol\u00edticos\u201d, resume.<\/p>\n\n\n\nEl representante de CUOASEC sostiene que la legitimidad social debe construirse demostrando que la regulaci\u00f3n genera beneficios concretos para el Estado y protege al consumidor<\/strong>. Sin esos resultados, advierte, cualquier cambio de gobierno o de clima social puede poner en cuesti\u00f3n el modelo.<\/p>\n\n\n\nFonseca considera que la estabilidad necesita un respaldo jur\u00eddico s\u00f3lido y mecanismos efectivos <\/strong>de control institucional. En su opini\u00f3n, cuanto mayor sea la jerarqu\u00eda de las normas que sustentan la actividad, mayor ser\u00e1 su protecci\u00f3n frente a decisiones pol\u00edticas coyunturales. El especialista tambi\u00e9n defiende la existencia de un tribunal constitucional aut\u00f3nomo capaz de proteger las garant\u00edas jur\u00eddicas. \u201cDe poco sirve tener reglas claras si el poder pol\u00edtico puede desconocerlas sin un control efectivo\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n\u201cLa seguridad jur\u00eddica es uno de los principales valores que los gobiernos latinoamericanos de izquierda suelen sacrificar en funci\u00f3n de sus intereses pol\u00edticos. As\u00ed de claro y sencillo. Regular una actividad, atraer inversiones y luego pretender prohibirla transmite un mensaje de absoluta desconfianza\u201d, concluy\u00f3 Fonseca.<\/p>\n\n\n\n
Ochoa S\u00e1nchez completa esta mirada con un llamado a que los representantes de la industria colaboren con los gobiernos<\/strong> en el dise\u00f1o de pol\u00edticas de largo plazo, que permitan proyectar inversiones y sostener un marco normativo m\u00e1s all\u00e1 de las coyunturas electorales.<\/p>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n
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Ver tambi\u00e9n:<\/span><\/p>\n\n\t\t\t\t
![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/01\/curiosidades-sobre-brasil-01-1-300x200.jpg\")
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