Abert advirti\u00f3 que la Ley 16.508\/2026 de Rio Grande do Sul<\/strong>, que restringe la publicidad de apuestas de cuotas fijas, podr\u00eda obligar a generar programaci\u00f3n exclusiva para ese estado, creando incertidumbre jur\u00eddica y un precedente para que cada unidad federativa establezca sus propias normas. Seg\u00fan la asociaci\u00f3n, las consecuencias de la norma terminar\u00edan extendi\u00e9ndose m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites territoriales.<\/p>\n\n\n\n La ley estatal exige que los anuncios incluyan advertencias sobre los riesgos del juego con un m\u00ednimo del 15 por ciento de visibilidad<\/strong> y un audio equivalente al mensaje principal. Tambi\u00e9n proh\u00edbe contenidos dirigidos a menores de 18 a\u00f1os, limita la publicidad al horario de<\/strong> 21:00 a 6:00<\/strong> y restringe la difusi\u00f3n en estadios, eventos deportivos y espacios cercanos a escuelas.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, proh\u00edbe la exhibici\u00f3n de cuotas, bonificaciones e incentivos durante transmisiones en directo, salvo en casos de patrocinio oficial.<\/p>\n\n\n\n La posici\u00f3n de Abert coincide con la de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong> (AGU), que solicit\u00f3 suspender la ley. Sostiene que la regulaci\u00f3n de la publicidad en el sector es competencia exclusiva del Gobierno Federal y que la norma contradice la Ley Federal N.\u00ba 14.790\/2023 y la Ordenanza SPA\/MF N.\u00ba 1.231\/2024. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que esto crea un sistema regulatorio paralelo y cit\u00f3 precedentes del STF (ADI 5575 y ADI 3877), que invalidaron regulaciones estatales en el sector de la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul (ALRS) respondi\u00f3 a la ADI 7.971 defendiendo la constitucionalidad de la norma. Argument\u00f3 que los estados tienen facultades para proteger a la infancia, la juventud y la salud p\u00fablica<\/strong>, bas\u00e1ndose en los art\u00edculos 23 y 24 de la Constituci\u00f3n Federal. El fiscal general del estado, Eduardo Cunha da Costa, afirm\u00f3 que las restricciones buscan prevenir la ludopat\u00eda y el sobreendeudamiento, protegiendo a los sectores m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n La acci\u00f3n fue promovida por la Asociaci\u00f3n Nacional de Juegos y Loter\u00edas (ANJL)<\/a>, que representa al mercado regulado de juegos en l\u00ednea. La entidad sostiene que el mercado ya est\u00e1 reglado por la ley federal y que los estados no tienen autoridad para crear normas<\/strong> en conflicto con la legislaci\u00f3n nacional.<\/p>\n\n\n\n En mayo, la ministra C\u00e1rmen L\u00facia<\/strong>, relatora del caso en el Supremo Tribunal Federal, orden\u00f3 la tramitaci\u00f3n prioritaria de la ADI 7.971 y solicit\u00f3 declaraciones tanto al gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite<\/a>, como al Procurador General de la Rep\u00fablica. Tras la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, el siguiente paso ser\u00e1 escuchar al Procurador General de la Rep\u00fablica (PGR), antes de que la ministra emita su dictamen.<\/p>\n\n\nPostura de la Fiscal\u00eda General<\/h2>\n\n\n\n
La acci\u00f3n de ANJL y pr\u00f3ximos pasos<\/h2>\n\n\n\n
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