Cuando la carga fiscal supera niveles razonables, el operador regulado pierde competitividad frente a actores ilegales que no pagan impuestos, no cumplen est\u00e1ndares de juego responsable y tampoco ofrecen garant\u00edas al usuario. El\u00edzabeth Maya Cano, presidente ejecutiva de Cornazar, analiza por qu\u00e9 Am\u00e9rica Latina est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n que no puede seguir postergando.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Opini\u00f3n.- El crecimiento del mercado ilegal de juegos de suerte y azar se ha convertido en una preocupaci\u00f3n global que merece un an\u00e1lisis profundo y responsable. Hoy, m\u00e1s que nunca, resulta necesario entender por qu\u00e9, en distintos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y del mundo, muchos jugadores terminan migrando hacia operadores ilegales o plataformas offshore, aun existiendo una oferta regulada y supervisada por el Estado.<\/p>\n\n\n\n
La respuesta revela una realidad que gobiernos y reguladores no pueden ignorar: cuando la carga tributaria, las restricciones operativas o la sobrerregulaci\u00f3n hacen inviable o poco competitiva la operaci\u00f3n legal, el mercado ilegal encuentra terreno f\u00e9rtil para expandirse.<\/p>\n\n\n\n
Los recientes aumentos tributarios en algunos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina s\u00ed est\u00e1n generando un riesgo real de migraci\u00f3n de jugadores hacia mercados ilegales y plataformas offshore. La l\u00f3gica es simple: cuando la carga fiscal supera niveles razonables, el operador regulado pierde competitividad frente a actores ilegales que no pagan impuestos, no cumplen est\u00e1ndares de juego responsable y tampoco ofrecen garant\u00edas reales al usuario.<\/p>\n\n\n\n
El jugador, en la mayor\u00eda de los casos, busca una experiencia de juego atractiva, facilidad operativa, promociones competitivas, anonimato y mejores retornos. Si el operador formal no puede ofrecerle eso porque su estructura de costos est\u00e1 asfixiada por una tributaci\u00f3n excesiva, la migraci\u00f3n ocurre r\u00e1pidamente y de forma silenciosa, hacia espacios donde no existen controles efectivos ni protecci\u00f3n alguna para el consumidor.<\/p>\n\n\n\n
\u00abParad\u00f3jicamente, muchas decisiones fiscales terminan produciendo el efecto contrario al esperado: en lugar de fortalecer el mercado regulado, impulsan indirectamente la informalidad y debilitan el canal legal.\u00bb<\/p>\n\n\n\n
Y all\u00ed comienza el verdadero riesgo. El mercado negro \u2014en Colombia y en la regi\u00f3n\u2014 no aporta recursos para la salud p\u00fablica, no genera empleo formal, no implementa pol\u00edticas de juego responsable y tampoco cumple con los est\u00e1ndares de gesti\u00f3n de riesgos, prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo o protecci\u00f3n de datos personales. Se trata de un ecosistema que opera al margen de la ley, debilitando tanto la sostenibilidad de la industria formal como la capacidad del Estado para ejercer control efectivo y recaudar los recursos que la sociedad necesita.<\/p>\n\n\n\n
No existe una f\u00f3rmula universal, pero s\u00ed existe un principio rector que la experiencia internacional ha validado de manera consistente: la regulaci\u00f3n debe ser t\u00e9cnica, proporcional y coherente con la realidad econ\u00f3mica del sector. Los pa\u00edses que han logrado contener el crecimiento del mercado ilegal son precisamente aquellos que comprendieron que legislar m\u00e1s no es lo mismo que legislar mejor.<\/p>\n\n\n\n
El equilibrio correcto debe cumplir dos condiciones simult\u00e1neas: permitir que el Estado recaude recursos significativos para causas sociales como la salud, y al mismo tiempo garantizar que el operador legal pueda competir en condiciones razonables frente al mercado informal y las plataformas offshore.<\/p>\n\n\n\n
Cuando esa ecuaci\u00f3n se rompe \u2014cuando el fisco exige demasiado y el regulador restringe demasiado\u2014 los operadores formales no desaparecen solos: arrastran consigo la recaudaci\u00f3n, el empleo y la protecci\u00f3n que solo el mercado regulado puede ofrecer al jugador.<\/p>\n\n\n\n
\n\u00abUn pa\u00eds no puede exigir legalidad y, al mismo tiempo, castigar a quienes operan dentro de ella. El operador legal debe ser visto como un aliado estrat\u00e9gico del Estado, no como una caja menor de cada gobierno de turno.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
La soluci\u00f3n no es solo perseguir la ilegalidad: es no empujar hacia ella<\/h2>\n\n\n\n
La lucha contra el mercado negro no puede recaer \u00fanicamente sobre los hombros de los operadores legales. Requiere articulaci\u00f3n institucional, cooperaci\u00f3n internacional, control efectivo sobre plataformas ilegales, educaci\u00f3n al jugador y pol\u00edticas p\u00fablicas coherentes y de largo plazo que fortalezcan estructuralmente a la industria del juego regulado.<\/p>\n\n\n\n
Desde la visi\u00f3n gremial, el mensaje es claro: debilitar al operador formal no reduce la ilegalidad. Por el contrario, puede terminar fortaleci\u00e9ndola. El verdadero desaf\u00edo no es solamente perseguir al operador ilegal cuando ya est\u00e1 instalado, sino construir las condiciones de mercado que eviten que los jugadores y los propios operadores se vean tentados a migrar hacia \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n
El fortalecimiento del mercado regulado depende de construir condiciones sostenibles para la formalidad. Y eso exige que los modelos tributarios sean t\u00e9cnicamente sustentados, proporcionales y competitivos frente a la realidad del mercado internacional. No como un favor al sector, sino como una decisi\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica inteligente.<\/p>\n\n\n\n
El\u00edzabeth Maya Cano<\/strong>, presidente ejecutiva de Cornazar<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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