La legislaci\u00f3n, publicada en la Gaceta Oficial el 28 de mayo, establece una serie de obligaciones para operadores presenciales y online<\/strong>, con el objetivo de promover pr\u00e1cticas de juego responsable y reforzar la protecci\u00f3n de los usuarios, especialmente de menores de edad y personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n Entre las principales disposiciones, la ley exige que las plataformas digitales de apuestas incorporen herramientas que permitan a los jugadores configurar l\u00edmites voluntarios de gasto y tiempo, as\u00ed como recibir alertas autom\u00e1ticas cuando se detecten patrones de comportamiento considerados de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, los operadores deber\u00e1n implementar sistemas de verificaci\u00f3n biom\u00e9trica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 a\u00f1os a las actividades de juego online.<\/p>\n\n\n\n La normativa tambi\u00e9n alcanza a los casinos y salas de m\u00e1quinas tipo A, que estar\u00e1n obligados a integrar tecnolog\u00edas de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia<\/strong>. El objetivo es facilitar la identificaci\u00f3n de personas que se encuentren excluidas de las actividades de juego por decisi\u00f3n de la Junta de Control de Juegos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Otro de los aspectos destacados de la Ley 527 es la ampliaci\u00f3n de las facultades regulatorias de la Junta de Control de Juegos para combatir la oferta ilegal<\/strong>. La autoridad podr\u00e1 ordenar el bloqueo, suspensi\u00f3n o restricci\u00f3n de acceso a p\u00e1ginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con operadores que ofrezcan servicios sin autorizaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La medida tambi\u00e9n involucra a los proveedores de internet y empresas de telecomunicaciones, que deber\u00e1n ejecutar las \u00f3rdenes de bloqueo emitidas por el organismo regulador. El incumplimiento de estas disposiciones podr\u00e1 derivar en sanciones econ\u00f3micas que alcanzan hasta US$1m.<\/p>\n\n\n\n La nueva normativa tambi\u00e9n crea un fondo destinado a financiar programas de atenci\u00f3n y tratamiento relacionados con el juego problem\u00e1tico<\/strong>. Los recursos ser\u00e1n administrados por el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas en beneficio del Instituto de Salud Mental y provendr\u00e1n del 0,5 por ciento de los aportes que realizan al Tesoro Nacional los operadores regulados.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, la Junta de Control de Juegos deber\u00e1 realizar auditor\u00edas anuales <\/strong>a casinos, plataformas digitales y dem\u00e1s operadores autorizados para verificar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.<\/p>\n\n\n\n En materia educativa, la normativa encomienda al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educaci\u00f3n el desarrollo de contenidos de prevenci\u00f3n sobre juego problem\u00e1tico y riesgos asociados al juego de azar, que deber\u00e1n incorporarse en centros educativos p\u00fablicos y privados.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n establece multas de entre US$25.000 y US$100.000 para los operadores que incumplan las medidas previstas. En casos de reincidencia, las sanciones podr\u00e1n duplicarse e incluso derivar en la suspensi\u00f3n temporal o la cancelaci\u00f3n definitiva de las licencias correspondientes.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/06\/16859811681638282044macau-delays-gaming-law-review-due-to-the-pandemic-1-300x200.jpg\")
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